derecho fundamental

Santiago, veinticinco de agosto de dos mil nueve.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Que por oficio Nº 7.847, de 11 de diciembre de 2008, la Cámara de Diputados ha enviado el proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que modifica la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, a fin de que este Tribunal, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 93, incisoprimero, Nº 1º, de la Constitución Política de la República, ejerza el control de constitucionalidad respecto del mismo;

(…)

3º. Procedencia de la acción de inaplicabilidad respecto de tratados internacionales.
TRIGESIMOQUINTO.- Que el artículo 47 B que el artículo único, Nº 57, del proyecto introduce al Párrafo 6º del Título II del Capítulo II de la Ley Nº 17.997, cuyo epígrafe es “Cuestionesde Inaplicabilidad”, establece que “de conformidad con el número 1) del artículo 54 de la Constitución Política de la República, no procederá la inaplicabilidad respecto de tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”;
TRIGESIMOSEXTO.- Que, a su vez, el artículo 47 G, que el artículo único, Nº 57, del proyecto incorpora al mismo párrafo, señala en su incisoprimero, N° 4°, que procederá declarar la inadmisibilidad “cuando se promueva (la cuestión) respecto de un precepto que no tenga rango legal o respecto de disposiciones de un tratado internacional vigente”;
TRIGESIMOSEPTIMO.- Que el artículo 93, inciso primero, de la Constitución Política, establece como atribución del Tribunal Constitucional, en su número seis, “resolver, por la mayoría de susmiembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución”;
TRIGESIMOCTAVO.- Que esta atribución, además, debe ser ejercida cumpliendo con los requisitos que se indican en el inciso decimoprimero del mismo artículo 93 de la Constitución, que indica que “corresponderá acualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión siempre que verifique la existencia de una gestión pendiente ante el tribunal ordinario o especial, que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada razonablemente y se cumplan los demás requisitos que establezca laley...”;
TRIGESIMONOVENO.- Que, por su parte, conforme a lo establecido en el artículo 92, inciso final, de la Constitución, agregado por la reforma constitucional de 2005, respecto del Tribunal Constitucional: “Una ley orgánica constitucional determinará su organización, funcionamiento, procedimientos y fijará la planta, régimen de remuneraciones y estatuto de su personal”;
CUADRAGESIMO.- Que estaley orgánica constitucional, cuyo proyecto de modificación es materia de control de constitucionalidad en la presente sentencia (en conformidad a lo establecido en el artículo 93, Nº 1°, de la Constitución), no puede -desde luego- restringir o limitar las facultades de esta Magistratura más allá de lo que establece la Constitución, pues ello obligaría a declarar la inconstitucionalidad de todanorma que, bajo pretexto de regular el “funcionamiento” o los “procedimientos” del Tribunal, viniera a cercenar sus funciones atribuidas por la Carta Suprema;
CUADRAGESIMOPRIMERO.- Que respecto de los tratados internacionales, luego de la reforma constitucional aludida, esta Magistratura efectúa dos órdenes de controles. Primero, un control preventivo obligatorio de constitucionalidad de las normasde un tratado que versen sobre materias propias de leyes orgánicas constitucionales (artículo 93, inciso primero, Nº 1°, de la Constitución). Segundo, un control ex post y concreto –facultativo- de constitucionalidad de una norma de un tratado que, en cuanto “precepto legal”, pueda resultar contraria a la Constitución en su aplicación en “cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario...