Derecho

PROYECTO INTEGRADOR
NIVEL VI
Colombia inició un proceso de justicia tradicional con la expedición de la ley de Justicia y Paz en Julio de 2005. La Ley 975 de 2005, justifica las reducciones significativas de penas a los victimarios a cambio de un reforzamiento de los mecanismos que garanticen los Derechos de las víctimas a la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no repetición.Lo anterior, con el ánimo de propiciar un ambiente que promoviera e incentivara la desmovilización de los grupos de autodefensas, intención que con posterioridad se abrió a la posibilidad de que a ella se acogieran también los desmovilizados de otros grupos armados organizados al margen de la ley.
De los argumentos en ese entonces bosquejados, el más recurrente hizo referencia a que la leyno establecía mecanismos claros para la consecución de los objetivos que buscaba, la cual redundaría en que las víctimas no fueran reparadas integralmente y lo más importante, que ni estas, ni la sociedad en general llegarían a satisfacer su derecho a conocer la verdad de lo sucedido, teniendo todo esto como consecuencia natural un desconocimiento de la justicia y por ende no habría reparación alas víctimas.
Al tratar la única experiencia tradicional de un mundo que se desarrolla en medio del conflicto, un descernimiento en los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición a favor de las víctimas que a medida que pasa el tiempo seguirá creciendo el número de estas personas afectadas. El diseño legal que se propuso para el mejoramiento de los principios, y que seadaptan a una buena participación están: la vía judicial, la reparación administrativa individual y la reparación administrativa colectiva.
La vía judicial supone para las víctimas la necesidad de hacerse parte en los procesos de investigación y juzgamiento contra los bloques o frentes del AUC que se acogieron a los beneficios penales que conlleva el proceso de paz con dicho actor armado.Significa denunciar al responsable, recabar las pruebas que indiquen un nexo causal entre los daños sufridos y la actividad delictiva de ese bloque armado, informarse sobre el avance del proceso, comparecer a las audiencias públicas, presentar un incidente de reparación integral ante un juez para obtener un fallo que integre la verdad, la justicia y la reparación como los pilares de una satisfacción quedignifica la condición de la víctima. Hasta el momento más de 70.000 personas se han acercado a participar en el proceso que adelanta la Fiscalía en la fase de investigación, tendencia que podría llegar a los 100.000 al finalizar el año .
Hasta el momento se desconoce el balance general de víctimas de los grupos armados al margen de la ley, pero si se atiende a sus principales factores devictimización (desplazamiento, desaparición, homicidio, masacres, reclutamiento forzado, violencia sexual y terrorismo) y se verifican las cifras oficiales y de algunas ONG que registran hechos de violencia sistemática, puede concluirse que cien mil es aún una cifra mínima de víctimas que todavía esperan tomar decisión de enfrentar a sus victimarios en un proceso judicial. Y es que no es nada fácil niusual para una gran cantidad de campesinos alejados históricamente del Estado considerar la posibilidad de una denuncia de un crimen y el reclamo por la reparación del daño cuando, por lo general, toda su vida han estado sometidos a la arbitrariedad. El silencio, el miedo y la desconfianza riñen contra la aspiración de ampliar cada vez más la participación de las víctimas en el proceso, pero tambiénlos prolongados tiempos judiciales de resolución de los casos son factores que persuaden a muchos a no participar.
La vía de la reparación administrativa colectiva es reconstruir el tejido social de las comunidades afectadas por hechos de violencia sistemática. La región de Catatumbo, por ejemplo, que en cinco años (1999-2004) registró más de 5.200 homicidios, según estadísticas de la Policía...