Derecho

CAPÍTULO III
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES OTORGADAS A LA VICTIMA DENTRO DEL PROCESO PENAL
Los derechos de la víctima en el proceso penal están señalados en el apartado C del artículo 20 constitucional, así como en otros preceptos constitucionales y en diversas leyes secundarias.
En cuanto a la asesoría jurídica tenemos que en la victima no se tiene claro quién puede ser la persona que labrinde, es decir, no se sabe si esta será a cargo de la representación social, o en su caso puede provenir de un tercero y en qué circunstancias.
Así mismo la asesoría, corresponderá a las leyes secundarias si está a cargo del ministerio público o si esta puede quedar a cargo de un tercero en discordia que la proporcione ya que el artículo 20 de la garantía constitucional no es explicito al respecto.En este sentido, el código federal de procedimientos penales en su artículo 141 únicamente transcribe el precepto constitucional en el estudio, incorporando como un derecho de la víctima o del ofendido el ser informado del desarrollo de la averiguación previa o proceso.
Ahora bien, como se desprende de la relación del precepto citado con anterioridad, la asesoría jurídica será a cargo de laProcuraduría Local y solo podría referirse a la denuncia o querella, con lo cual se excluye explícitamente la intervención de un
profesional en derecho para asesorar a la víctima, puesto que al no ser reconocido como derecho de esta es posible ser un asesor externo al no poder conocer el estado que guarda una averiguación previa o el acceso, difícilmente asesorara adecuadamente.
3.1 Artículo 20apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Articulo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
(Reformado en su integridad mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 18 de junio de 2008)
c) De los derechos de la víctima o del ofendido:I. recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;
II. Coadyuvar con el ministerio publico; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes,y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.
Cuando el ministerio público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;
III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;
IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el ministerio publicoestará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la victima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.
La ley fijara procedimientos agiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;
V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales enlos siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.
(Reformado el primer párrafo mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 14 de julio de 2011)
Elministerio público deberá garantizar la protección de victimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación;
VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y
VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del ministerio...