Derecho

TRIBUNAL SUPREMO – Sala de lo contencioso-Administrativo
SENTENCIA PÓNTELO-PÓNSELO. 12.07.93


Visto la presente apelación, interpuesto por Dña. Marta Silvela Barcaiztegui que actúa en su propio nombre, y la asociación "Acción Familiar" contra la sentencia dictada el 23 de febrero de 1.991 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sobrecampaña recomendando el uso de preservativo; Siendo parte apelada el Abogado del Estado; oído el Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La sentencia apelada contiene la parte dispositiva del siguiente tenor: "Fallamos: Que con rechazo de la inadmisibilidad alegada y con desestimación del recurso interpuesto por el Procurador D. Nicolas Muñoz Rivas en representación de Doña MartaSilvela Barcaiztegui y Acción Familiar. Debemos declarar y declaramos que los actos recurridos no lesionan derechos fundamentales y son en este aspecto conforme a derecho, con expresa imposición de costas a los recurrentes".

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por la apelante Dña. Marta Silvela Barcaiztegui que actúa en su propio nombre, y la asociación "AcciónFamiliar", al amparo de la Ley 62/78. Compareció el Ministerio Fiscal, quien consideró procedente la desestimación del recurso de apelación interpuesto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por los Ministerios de Sanidad y Consumo, Educación y Ciencia y Asuntos Sociales se promovió una campaña publicitaria, especialmente dedicada a los jóvenes, recomendado el uso del preservativo como medio de prevenirenfermedades de transmisión sexual, con especial referencia al S.I.D.A. y hepatitis B, y prevenir también embarazos no deseados, por el procedimiento de la Ley 62/1.978, de 26 de diciembre, sobre protección de los derechos fundamentales de la persona, por estimar que la misma vulneraba el artículo 15, en relación con el 16 y 18, y también el 27.3, todos de la Constitución, citando igualmente comoinfringidos preceptos del Convenio Europeo de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuyo proceso recayó la sentencia aquí apelada, de fecha 23 de febrero de 1.991, que rechazó la inadmisibilidad postulada por el Abogado del Estado y desestimó en el fondo el recurso, por entender que el acto recurrido no lesionaba derechos fundamentales de la personaprotegidos por la Constitución.

TERCERO.- Pues bien, el escrito de preparación del recurso de apelación de la parte recurrente lo fundamenta en un motivos único, la supuesta vulneración por la sentencia apelada del artículo 24.1 de la Constitución, por estimar que la misma no examina y resuelve las cuestiones de fondo planteadas, infracción que a su juicio se produce en un doble aspecto: A) Lasentencia no entra en el examen global de la campaña, ya que al desglosar el acto administrativo en dos partes intenta salvar su unidad y controlar únicamente la decisión y asignación presupuestaria.- B) La sentencia elude pronunciarse sobre las cuestiones jurídicas planteadas, pretendiendo convertirla en cuestión política sobre la que el Tribunal no debe pronunciarse y, además, sin hacer referenciaalguna a la infracción de normas del Convenio Europeo de Derechos Humanos y doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

CUARTO.- La sistemática utilizada por la sentencia recurrida para analizar los motivos de impugnación, distinguiendo en la campaña dos fases: una de decisión y asignación presupuestaria y otra de aprobación de su contenido, que responde quizá al propio planteamientofáctico de la demanda, en que se distingue el acuerdo del Ministerio de Sanidad y Consumo de 20 de julio de 1.990 sobre contratación de la campaña de publicidad, la asignación presupuestaria de 240 millones de pesetas, la contratación de la misma y su realización, en modo alguno supone una elusión de los motivos en que se fundamenta el recurso, pues si la simple lectura de la sentencia evidencia...