Derecho

RESUMEN SENTENCIAS:
Sentencia C-031/12
CONCILIACION EXTRAJUDICIAL COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD-Cosa juzgada constitucional
COSA JUZGADA EN MATERIA DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Requisitos para que se configure
Referencia: expediente D- 8606

QUE SE DEMANDA:
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 52 (parcial) de la Ley 1395 de 2010.
Demandante: Juan David Gómez Pérez.Magistrado Ponente
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Bogotá, D.C., primero (1) de febrero de dos mil doce (2012)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente,
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241de la Constitución Política, el ciudadano Juan David Gómez Pérez presentó demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 52 (parcial) de la Ley 1395 de 2010.
II. NORMA DEMANDADA
Ley 1395 de 2010.
CONSIDERACIONES: Declarar EXEQUIBLE el parágrafo 2 del artículo 52 de la Ley 1395 de 2010, salvo la siguiente expresión que se declara INEXEQUIBLE “De fracasar la conciliación, en el proceso que sepromueva no serán admitidas las pruebas que las partes hayan omitido aportar en el trámite de la conciliación, estando en su poder”, por las razones expuestas en la parte motiva de este fallo.
se concluyó que la Corte ya resolvió el asunto planteado por el actual demandante en el sentido de darle la razón a los argumentos que presentó contra el parágrafo 2 del artículo 52 de la Ley 1395 de 2010.Por ello sobre este cargo opera la prohibición de la cosa juzgada de pronunciarse nuevamente sobre la disposición demandada, y la Corte habrá de estarse a lo resuelto en la citada C-598 de 2011.
la Corte en concreto sobre la proporcionalidad de la medida del parágrafo 3 de la Ley 1395 de 2010, lo siguiente:
“Encuentra la Corte que la finalidad de la medida acusada es legítima e importante,puesto que lo se busca con la inadmisión de la solicitud de conciliación en materia de lo contencioso administrativo es que quienes pretenden acudir a la conciliación como requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción contenciosa, observen los requerimientos mínimos que exige la normativa para tal efecto, y que no son otros que los contenidos en el artículo 6 del Decreto 1716 de 2009.Para la Corte no cabe duda que la competencia que, a partir de esta ley, tiene el Procurador Judicial para inadmitir la solicitud de conciliación hace efectivos entre otros, los principios de eficacia, economía y celeridad que inspiran la función pública, en los términos del artículo 209 constitucional, pues es sabido que la función que se le asigna a los conciliadores hace parte de ésta según sedesprende del artículo 116 constitucional, y por ende, gobernada por los principios contenidos en la norma constitucional aludida, así como por la Ley 270 de 1996, en donde el conciliador debe contar con algunas facultades que le permitan que el objeto de este mecanismo se cumpla a satisfacción.

CONSIDERACIONES:
* De manera invariable la jurisprudencia de esta Corte ha señalado que, por reglageneral, la acción de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, sólo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneración a los derechos fundamentales de los asociados.
* En el caso que se analiza, se puede advertir a simple vista que la sentencia acusada desconoció las normas de estirpe probatoriaque regulaban la situación, por cuanto otorgó a unas copias informales un valor del cual estaban desprovistas.En efecto, cuando el demandante pretenda hacer valer dentro del proceso documentos que se encuentran en su poder -sean públicos o privados-, deberá acompañarlos con la demanda o en las demás oportunidades señaladas en la ley. Esos documentos, preceptúa el artículo 253 del ordenamiento...