derecho

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá

Sentencia de 2 de febrero de 2001
(Fondo, Reparaciones y Costas)

En el caso Baena Ricardo y otros,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte
Interamericana” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:
Antônio A. Cançado Trindade, Presidente
Máximo PachecoGómez, Vicepresidente
Hernán Salgado Pesantes, Juez
Oliver Jackman, Juez
Alirio Abreu Burelli, Juez
Sergio García Ramírez, Juez y
Carlos Vicente de Roux Rengifo, Juez;
presentes, además,
Manuel E. Ventura Robles, Secretario y
Renzo Pomi, Secretario adjunto,
de conformidad con los artículos 29 y 55 del Reglamento de la Corte (en adelante “el
Reglamento”), dicta la siguiente Sentencia sobreel presente caso.

I
INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA
1.
El 16 de enero de 1998 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en
adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte una
demanda contra la República de Panamá (en adelante “el Estado” o “Panamá”) que
se originó en una denuncia (No. 11.325) recibida en la Secretaría de la Comisión el
22 de febrero de 1994. Ensu demanda, la Comisión invocó los artículos 50 y 51 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o
“la Convención Americana”) y los artículos 26 y siguientes del Reglamento. La
Comisión sometió este caso con el fin de que la Corte decidiera si hubo violación, por
parte de Panamá, de los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos); 2
(Deber deAdoptar Disposiciones de Derecho Interno); 8 (Garantías Judiciales); 9
(Principio de Legalidad y de Retroactividad); 10 (Derecho a Indemnización); 15
(Derecho de Reunión); 16 (Libertad de Asociación); 25 (Protección Judicial), y 33 y
50.2 de la Convención, como resultado de
los hechos ocurridos a partir del 6 de diciembre de 1990 y especialmente a
partir del 14 de diciembre de dicho año [, fecha]en que se aprobó la Ley
No.25, [con base en la cual] fueron arbitrariamente destituidos de sus cargos
270 empleados públicos que habían participado en una manifestación por

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reclamos laborales, a quienes se acusó de complicidad con una asonada
militar. Posteriormente a[l despido arbitrario de dichos trabajadores], en el
procedimiento de sus quejas y demandas[,] se cometieron en sucontra una
sucesión de actos violatorios de sus derechos al debido proceso y [a] la
protección judicial.

2.
Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que declarara que la Ley 25 y la
norma contenida en el artículo 43 de la Constitución Política de Panamá son
contrarias a la Convención, por permitir la retroactividad de las leyes y que, en
consecuencia, deben ser modificadas o derogadasconforme al artículo 2 de dicha
Convención. La Comisión también solicitó a la Corte que requiriera al Estado que
restablezca en el ejercicio de sus derechos a los 270 trabajadores y repare e
indemnice a las presuntas víctimas o a sus familiares, por los hechos cometidos por
sus agentes, conforme a lo establecido en el artículo 63.1 de la Convención.
3.
Finalmente, la Comisión solicitó que secondenara al Estado al pago de las
costas y gastos de este proceso.
4.
Los 270 trabajadores que la Comisión considera han sido víctimas en el
presente caso son: Leonidas A. Baena Ricardo, Alfredo Berrocal Arosemena,
Francisco J. Chacón, Arístides Barba Vega, Salvador Vela, Eugenio Delgado, Juan O.
Sanjur, Porfirio Real, Luis del Carmen Melgarejo Núñez, Juan de Gracia, César
Aparicio Aguilar,Fernando Dimas, Eugenio Tejada, Felipe Argote, Luis Cabeza,
Rolando Graham, Rigoberto Enríquez, Ilda Ortega, Ismael Campbell, Carlos Henry,
Tomás Morales, Daniel José Health, Maricela Rodríguez, Miguel Martínez, Carlos
Archibold, Gabino Young, Sergio Marín, Jaime Legal, Enrique Jiménez, Luis Martínez,
José Corvalan, Fernando Hernández, Militza de Justavino, Andrés Guerrero, Marco
Moscoso,...