Derechos político-electorales

I. Resumen.
La Síndica del Ayuntamiento de Santa María Yosoyúa, Tlaxiaco, Oaxaca, promovió un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para controvertir la sentencia del Tribunal Estatal Electoral de dicha Entidad Federativa que decretó el sobreseimiento del medio de defensalocal. Análisis del asunto SUP-JDC-5/2011.

La determinación del órgano jurisdiccional estatal se sustentó en que la naturaleza de la reclamación es de origen parlamentario y no político-electoral, dado que hacía valer la cancelación del pago de las remuneraciones inherentes al desempeño de su cargo como síndica municipal.

La sentencia emitida por la Sala Superior fue aprobada por mayoría, conlos votos en contra de los Magistrados María del Carmen Alanís Figueroa y Flavio Galván Rivera, y se argumentó básicamente que una afectación al derecho de remuneración de los cargos de elección popular, constituye, a su vez, una vulneración de manera indirecta al derecho a ejercer el cargo y por consecuencia a la prerrogativa de voto pasivo.

En ese sentido, se afirmó en la resolución, elcumplimiento del pago de la retribución de un funcionario público electo no constituye sólo la satisfacción de un derecho subjetivo para contar con los recursos necesarios para llevar una vida digna durante el desempeño del cargo de elección popular, sino que tiene por objeto, primordialmente, hacer efectiva la garantía institucional que permite a un servidor público, designado a través de una eleccióndemocrática, ejercer debidamente su cargo, sin presión alguna y sin ser compelido a buscar otra forma de subsistencia.

En conclusión, se determinó que la garantía jurisdiccional abarca toda posible violación al derecho a ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo, a partir del momento de la toma de posesión y hasta la conclusión del mismo, de forma tal que si la violación se consumódurante el periodo constitucional previsto para su ejercicio, ello es suficiente para, declarada la existencia de una violación, se ordene la reparación debida, consistente en la restitución, en la medida de lo posible, del derecho vulnerado, incluyendo los derechos inherentes al mismo, aunque se consideren accesorios, para efecto de la procedencia de los medios de impugnación.

Uno de losMagistrados de la minoría argumentó, entre otras cuestiones, que la legislación de la materia establece con claridad los presupuestos de procedencia del juicio, es decir, que éste sólo es admisible cuando el ciudadano por sí mismo y en forma individual haga valer presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votado en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte enforma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos y en ese sentido, dicho instrumento procesal no resulta procedente para controvertir el referido acto, pues no comprende en su objeto la pretensión de que le sea cubierta la dieta a la parte actora por el desempeño de su cargo, dado que el derecho que trata de hacer valer es estrictamenteaccesorio al ejercicio del cargo.

Finalmente, el otro Magistrado que no estuvo de acuerdo con la mayoría, destacó que no debía entrarse al estudio de fondo del asunto, toda vez que en su concepto se configuraba una causal de improcedencia, relativa a la irreparabilidad del acto impugnado, porque al momento en que se emitió la resolución de la Sala Superior (9 de febrero 2011), ya no era posiblerestituir a la actora el derecho que aduce vulnerado, debido a que la integración del Ayuntamiento al que pertenecía, concluyó sus funciones el treinta y uno de diciembre de dos mil diez, por tanto, aun cuando le asistiera razón, a ningún fin práctico llevaría el dictado de una sentencia de fondo, lo cual generaba el sobreseimiento en el juicio de mérito.

II. Palabras clave. Derecho de ser votado,...