DESTINACIÓN DE DINEROS
Páginas: 5 (1097 palabras)
Publicado: 14 de septiembre de 2014
DESTINACION DE DINEROS
Afirma el accionante por conducto de su apoderada que ante solicitud de Francisco Joel Ángel Gómez, el Consejo de Estado en sentencia de 8 de agosto de 2001, decretó la pérdida de su investidura como Senador de la República, con fundamento en la causal de “indebida destinación de dineros públicos”.
Indica la apoderada del actor que la decisión que se acusa se tomó conbase en un hecho nuevo que no había sido alegado por el actor en la demanda ni en oportunidad procesal alguna. Dicho “hecho nuevo” consistió en que no se solicitó autorización a la Junta de Personal (no especifica de que entidad) para que una funcionaria de la Unidad de Trabajo Legislativo pudiese laborar por fuera de las dependencias del Congreso.
Contra dicha sentencia, se presentó recursoextraordinario de revisión, de acuerdo con las causales que a continuación se enuncian: (i) Falta al debido proceso, consagrado en el literal a del artículo 17 de la ley 144 de 1994, por cuanto se aplicó indebidamente el artículo 385 de la ley 5º de 1992, haberse desconocido el artículo 388 ibidem y por falta de congruencia de la sentencia. (ii) Nulidad originada en la sentencia al habersepretermitido toda una instancia, causal consagrada en el numeral 6º del artículo 188 del C.C.A. en concordancia con el canon 140 instrumental civil. (iii) Vía de hecho por defecto sustantivo de la sentencia, y (iv) violación del derecho de defensa, en los términos del literal b del artículo 17 de la ley 144 de 1994.
Por su parte, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia a través deprovidencia de 10 de mayo de 2004, precluyó por atipicidad de la conducta la investigación iniciada contra el aquí accionante por los mismos hechos con los que se decretó la pérdida de investidura.
Se resumen en los que siguen, los cargos que le imputa el escrito tutelar a las decisiones proferidas por el Consejo de Estado. En efecto, indica la parte actora que se configura un defectosustantivo al aplicarse indebidamente el artículo 385 de la ley 5º de 1992 y desconocer el artículo 388 ibidem, así como el principio de máxima taxatividad legal.
Igualmente, plantea que se aplicó –sin poder hacerlo- una analogía in malam partem, incurriendo en un grave error de interpretación normativa.
De otro lado asegura que se produjo un defecto procedimental, porque las sentencias depérdida de investidura y de revisión se sustentan en hechos que no constituyeron el fundamento de la acusación y porque se pretermitió el trámite de toda una instancia.
Finalmente, imputa un defecto fáctico al valorar arbitrariamente las pruebas contenidas en los documentos expedidos por el Jefe de la División de Personal de la Cámara de Representantes y por el Jefe de la División de RecursosHumanos del Senado de la República, al igual que la declaración del señor Diego Molano Aponte. En ese mismo orden, considera que se inadvirtió en la sentencia de revisión toda la valoración probatoria que hiciere la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
2. Las pretensiones.
En la solicitud de tutela, el señor Luís Alfonso Hoyos Aristizabal, por intermedio de apoderadaconstituida en legal forma promovió recurso de amparo contra la Sala Plena del Consejo de Estado y especialmente contra las decisiones proferidas por esa Corporación el 8 de agosto de 2001 y el 10 de octubre de 2006 reclamando la protección de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso (Art. 29 C.N.) y el derecho a ser elegido (Art. 40 C.N). Al mismo tiempo y como colofón de loanterior, solicita que se deje sin ningún efecto la sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado de 10 de octubre de 2006 que negó la prosperidad del recurso especial de revisión formulado contra la sentencia de 8 de agosto de 2001, mediante la cual se decretó la pérdida de investidura del Ex - Congresista señor Luís Alfonso Hoyos Aristizabal.
3. La intervención de la autoridad judicial...
Afirma el accionante por conducto de su apoderada que ante solicitud de Francisco Joel Ángel Gómez, el Consejo de Estado en sentencia de 8 de agosto de 2001, decretó la pérdida de su investidura como Senador de la República, con fundamento en la causal de “indebida destinación de dineros públicos”.
Indica la apoderada del actor que la decisión que se acusa se tomó conbase en un hecho nuevo que no había sido alegado por el actor en la demanda ni en oportunidad procesal alguna. Dicho “hecho nuevo” consistió en que no se solicitó autorización a la Junta de Personal (no especifica de que entidad) para que una funcionaria de la Unidad de Trabajo Legislativo pudiese laborar por fuera de las dependencias del Congreso.
Contra dicha sentencia, se presentó recursoextraordinario de revisión, de acuerdo con las causales que a continuación se enuncian: (i) Falta al debido proceso, consagrado en el literal a del artículo 17 de la ley 144 de 1994, por cuanto se aplicó indebidamente el artículo 385 de la ley 5º de 1992, haberse desconocido el artículo 388 ibidem y por falta de congruencia de la sentencia. (ii) Nulidad originada en la sentencia al habersepretermitido toda una instancia, causal consagrada en el numeral 6º del artículo 188 del C.C.A. en concordancia con el canon 140 instrumental civil. (iii) Vía de hecho por defecto sustantivo de la sentencia, y (iv) violación del derecho de defensa, en los términos del literal b del artículo 17 de la ley 144 de 1994.
Por su parte, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia a través deprovidencia de 10 de mayo de 2004, precluyó por atipicidad de la conducta la investigación iniciada contra el aquí accionante por los mismos hechos con los que se decretó la pérdida de investidura.
Se resumen en los que siguen, los cargos que le imputa el escrito tutelar a las decisiones proferidas por el Consejo de Estado. En efecto, indica la parte actora que se configura un defectosustantivo al aplicarse indebidamente el artículo 385 de la ley 5º de 1992 y desconocer el artículo 388 ibidem, así como el principio de máxima taxatividad legal.
Igualmente, plantea que se aplicó –sin poder hacerlo- una analogía in malam partem, incurriendo en un grave error de interpretación normativa.
De otro lado asegura que se produjo un defecto procedimental, porque las sentencias depérdida de investidura y de revisión se sustentan en hechos que no constituyeron el fundamento de la acusación y porque se pretermitió el trámite de toda una instancia.
Finalmente, imputa un defecto fáctico al valorar arbitrariamente las pruebas contenidas en los documentos expedidos por el Jefe de la División de Personal de la Cámara de Representantes y por el Jefe de la División de RecursosHumanos del Senado de la República, al igual que la declaración del señor Diego Molano Aponte. En ese mismo orden, considera que se inadvirtió en la sentencia de revisión toda la valoración probatoria que hiciere la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
2. Las pretensiones.
En la solicitud de tutela, el señor Luís Alfonso Hoyos Aristizabal, por intermedio de apoderadaconstituida en legal forma promovió recurso de amparo contra la Sala Plena del Consejo de Estado y especialmente contra las decisiones proferidas por esa Corporación el 8 de agosto de 2001 y el 10 de octubre de 2006 reclamando la protección de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso (Art. 29 C.N.) y el derecho a ser elegido (Art. 40 C.N). Al mismo tiempo y como colofón de loanterior, solicita que se deje sin ningún efecto la sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado de 10 de octubre de 2006 que negó la prosperidad del recurso especial de revisión formulado contra la sentencia de 8 de agosto de 2001, mediante la cual se decretó la pérdida de investidura del Ex - Congresista señor Luís Alfonso Hoyos Aristizabal.
3. La intervención de la autoridad judicial...
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