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Páginas: 29 (7248 palabras)
Publicado: 14 de marzo de 2013
La Acción Popular en el Código Procesal Constitucional
Luces y sombras de la Cenicienta de la justicia constitucional peruana
Jaime David Abanto Torres(
A Domingo García Belaunde, maestro de varias generaciones de constitucionalistas, con respeto y admiración.
Quién no conoce la historia de la Cenicienta. Los harapos y la ceniza impiden versu belleza, que una vez descubierta, asombró a todos y encandiló al príncipe que la llevó hasta el altar. Algo similar ocurre con la Acción Popular.
Recientemente se ha promulgado el Código Procesal Constitucional, mediante Ley 28237, publicada el 31 de mayo de 2004, y vacante hasta el próximo primero de diciembre. Dicha norma tiene como antecedente el Anteproyecto de Código ProcesalConstitucional[1], que es el fruto de varios años de arduo trabajo, sin nombramiento oficial alguno, en el que se han conjugado los conocimientos y experiencias de constitucionalistas y procesalistas, enriquecidos por aportes de algunos magistrados, todo lo cual es, a no dudar, muy positivo. Empero, al mismo tiempo, resulta preocupante constatar que la Cenicienta sigue tan incomprendida como antes.
Alredactar la tesis de Bachiller[2], tuve oportunidad de conversar brevemente determinados aspectos con algunos de los autores del anteproyecto del Código Procesal Constitucional. Con el maestro Domingo García Belaunde, forjador de varias generaciones de constitucionalistas y por quien siento gran respeto y admiración, quien en una entrevista fugaz me auguró poco éxito en la empresa debido a laescasez de fuentes y, además, manifestó su abierta discrepancia con mi conclusión principal. Con Jorge Danós Ordóñez, quien tratara el tema en su tesis para optar el Grado de Bachiller[3], con quien intercambiamos admisorios de acción popular y generosamente me facilitó los antecedentes legislativos. Con Juan Monroy Gálvez, con quien consulté algunos aspectos procesales y se mostró interesado en eltema, debido a que el proceso constitucional rompe los esquemas del proceso civil.
Ciertamente, las acciones populares no encajan en el concepto tradicional de la condición de la acción del interés para obrar, al poder ser ejercitadas por quisque de populo[4]. Al respecto, Couture nos proporciona una hermosa cita: “Eam popularem actionem dicimus, quae suum iu populi tuetur” [“Llamamos acciónpopular a aquella que protege el propio derecho del pueblo”]. Paulo L. I, 47, 23 “de popularibus actionibus” [“las acciones populares”][5].
Antecedentes constitucionales.
La acción popular es uno de nuestros más antiguos procesos constitucionales. Una institución de origen latinoamericano[6], aparecida en Venezuela[7] y Colombia[8] en la segunda mitad del Siglo XIX e inicios del siglo pasado,denominada acción popular de inconstitucionalidad o acción de inexequibilidad, como una reacción al sistema de la judicial review[9] y anticipándose a los europeos en la institución de su sistema concentrado[10].
Aparece en la Constitución de Cuba de 1935, pudiendo ser ejercida por no menos de veinticinco ciudadanos, con efecto derogatorio indirecto. Honduras la establece en su Constitución de1936 y la de 1982[11], Bolivia la recoge en su Constitución de 1938, Panamá en sus Constituciones de 1946 y de 1972[12], El Salvador en las Constituciones de 1950, 1962 y 1983[13], Guatemala en la Constitución de 1965.
Bolivia ha adoptado el Tribunal Constitucional en su Constitución de 1995 y Guatemala ha optado por establecer una Corte de Constitucionalidad en la Constitución de 1985. Si bienes cierto que Colombia en la Reforma del 2001 ha optado por establecer una Corte Constitucional, a la que según el artículo 241 se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, también lo es que en el inciso 4 se mantiene la acción popular de inconstitucionalidad al señalarse como atribución la de “decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los...
Luces y sombras de la Cenicienta de la justicia constitucional peruana
Jaime David Abanto Torres(
A Domingo García Belaunde, maestro de varias generaciones de constitucionalistas, con respeto y admiración.
Quién no conoce la historia de la Cenicienta. Los harapos y la ceniza impiden versu belleza, que una vez descubierta, asombró a todos y encandiló al príncipe que la llevó hasta el altar. Algo similar ocurre con la Acción Popular.
Recientemente se ha promulgado el Código Procesal Constitucional, mediante Ley 28237, publicada el 31 de mayo de 2004, y vacante hasta el próximo primero de diciembre. Dicha norma tiene como antecedente el Anteproyecto de Código ProcesalConstitucional[1], que es el fruto de varios años de arduo trabajo, sin nombramiento oficial alguno, en el que se han conjugado los conocimientos y experiencias de constitucionalistas y procesalistas, enriquecidos por aportes de algunos magistrados, todo lo cual es, a no dudar, muy positivo. Empero, al mismo tiempo, resulta preocupante constatar que la Cenicienta sigue tan incomprendida como antes.
Alredactar la tesis de Bachiller[2], tuve oportunidad de conversar brevemente determinados aspectos con algunos de los autores del anteproyecto del Código Procesal Constitucional. Con el maestro Domingo García Belaunde, forjador de varias generaciones de constitucionalistas y por quien siento gran respeto y admiración, quien en una entrevista fugaz me auguró poco éxito en la empresa debido a laescasez de fuentes y, además, manifestó su abierta discrepancia con mi conclusión principal. Con Jorge Danós Ordóñez, quien tratara el tema en su tesis para optar el Grado de Bachiller[3], con quien intercambiamos admisorios de acción popular y generosamente me facilitó los antecedentes legislativos. Con Juan Monroy Gálvez, con quien consulté algunos aspectos procesales y se mostró interesado en eltema, debido a que el proceso constitucional rompe los esquemas del proceso civil.
Ciertamente, las acciones populares no encajan en el concepto tradicional de la condición de la acción del interés para obrar, al poder ser ejercitadas por quisque de populo[4]. Al respecto, Couture nos proporciona una hermosa cita: “Eam popularem actionem dicimus, quae suum iu populi tuetur” [“Llamamos acciónpopular a aquella que protege el propio derecho del pueblo”]. Paulo L. I, 47, 23 “de popularibus actionibus” [“las acciones populares”][5].
Antecedentes constitucionales.
La acción popular es uno de nuestros más antiguos procesos constitucionales. Una institución de origen latinoamericano[6], aparecida en Venezuela[7] y Colombia[8] en la segunda mitad del Siglo XIX e inicios del siglo pasado,denominada acción popular de inconstitucionalidad o acción de inexequibilidad, como una reacción al sistema de la judicial review[9] y anticipándose a los europeos en la institución de su sistema concentrado[10].
Aparece en la Constitución de Cuba de 1935, pudiendo ser ejercida por no menos de veinticinco ciudadanos, con efecto derogatorio indirecto. Honduras la establece en su Constitución de1936 y la de 1982[11], Bolivia la recoge en su Constitución de 1938, Panamá en sus Constituciones de 1946 y de 1972[12], El Salvador en las Constituciones de 1950, 1962 y 1983[13], Guatemala en la Constitución de 1965.
Bolivia ha adoptado el Tribunal Constitucional en su Constitución de 1995 y Guatemala ha optado por establecer una Corte de Constitucionalidad en la Constitución de 1985. Si bienes cierto que Colombia en la Reforma del 2001 ha optado por establecer una Corte Constitucional, a la que según el artículo 241 se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, también lo es que en el inciso 4 se mantiene la acción popular de inconstitucionalidad al señalarse como atribución la de “decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los...
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