Economista
Páginas: 10 (2415 palabras)
Publicado: 24 de noviembre de 2012
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Magistrado Ponente:
Jesús Vall de Rutén Ruiz
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil doce (2012)
Discutido y aprobado en sesión de dieciséis (16) de mayo de dos mil doce (2012)
Ref.:11001-22-03-000-2012-00567-01
Se decide la impugnación formulada frente al fallo proferido el 9 de abril de 2012 por la Sala deDecisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dentro de la acción de tutela promovida por Laura y Susana Vallejo Uribe y Aldalgiza del Rosario Uribe de Vallejo, contra los Juzgados Treinta Civil del Circuito y Séptimo Civil Municipal de Descongestión de Bogotá D.C.
ANTECEDENTES
1. Las accionantes, a través de apoderado judicial, reclaman la protección de los derechosfundamentales al debido proceso y a la defensa, los cuales consideran vulnerados por las autoridades jurisdiccionales acusadas dentro del proceso de restitución de bien inmueble adelantado en su contra por Alirio Barbosa Peña.
2. Sustentan la queja constitucional en los siguientes hechos:
(a). Manifiestan que llevaron a cabo un préstamo con el señor Alirio Barbosa Peña por un valor de quinientosmillones de pesos ($500.000.000), quien para garantizar el pago de dicha suma, exigió la constitución de una hipoteca en primer grado y posteriormente la venta con pacto de retroventa sobre el inmueble de propiedad de la peticionarias, el cual aducen, tiene un precio comercial de mil cuatrocientos millones de pesos (1.400.000.000) (fls. 110 y 111, cdno. 1).
(b). Que simultáneamente AlirioBarbosa Peña, exigió la suscripción de un contrato de arrendamiento, con fecha de inicio a partir del 22 de diciembre de 2010, con un canon por valor de diez millones de pesos ($10.000.000) (fl. 111, cdno 1).
(c). Que el 26 de mayo de 2011 se formuló demanda de restitución de bien inmueble arrendado, invocando como causal la falta de pago del canon de arrendamiento desde el mes de diciembre de 2010“[…] a sabiendas de la ineficacia del aludido acto documentado […]”(fl. 111, cdno 1), a pesar de que las accionantes nunca han dejado de ejercer la posesión material sobre el citado predio.
(d). Posteriormente en la contestación de la demanda, se propusieron las excepciones de “[…] existencia del contrato de VENTA CON PACTO DE RETROVENTA […]” e “[…] inexistencia del contrato de arrendamiento y ladeuda por rentas de arrendamientos […]” (fl. 112, cdno. 1), no obstante no haber sido oídas las accionantes dentro de la citada acción, como quiera que no se consignaron los dineros “supuestamente” adeudados a órdenes del juzgado, motivo por el cual instauraron denuncia penal por los delitos de estafa y fraude procesal.
(e). Aseguraron que el 12 de marzo de 2012 mediante despacho comisorio005 del Juzgado Treinta Civil del Circuito, se hizo presente en el inmueble el Juez Séptimo Civil Municipal de Descongestión de Bogotá, quien identificó el inmueble y concedió un plazo de 10 días para desocuparlo (fl. 112, cdno. 1).
(f). Pidieron las accionantes, la suspensión inmediata de la sentencia de 30 de septiembre de 2011, “[…] hasta tanto se establezca por las autoridades competentes dela jurisdicción penal si se cometió el delito de estafa y/o fraude procesal en relación con el contrato de arrendamiento […]” (fl. 110, cdno. 1). Además solicitaron la nulidad de la citada sentencia, “[…] así como de toda la actuación posterior y no reponerla hasta tanto no se decida la actuación penal”.
3. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por medio deauto de fecha 20 de marzo de 2012, avocó el conocimiento de la citada tutela (fl. 117, cdno. 1).
LA SENTENCIA IMPUGNADA
Luego de un análisis de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, el a quo negó la protección constitucional impetrada por cuanto, consideró que la sentencia cuestionada fue proferida el 30 de septiembre de 2011 y no resulta razonable que...
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Magistrado Ponente:
Jesús Vall de Rutén Ruiz
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil doce (2012)
Discutido y aprobado en sesión de dieciséis (16) de mayo de dos mil doce (2012)
Ref.:11001-22-03-000-2012-00567-01
Se decide la impugnación formulada frente al fallo proferido el 9 de abril de 2012 por la Sala deDecisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dentro de la acción de tutela promovida por Laura y Susana Vallejo Uribe y Aldalgiza del Rosario Uribe de Vallejo, contra los Juzgados Treinta Civil del Circuito y Séptimo Civil Municipal de Descongestión de Bogotá D.C.
ANTECEDENTES
1. Las accionantes, a través de apoderado judicial, reclaman la protección de los derechosfundamentales al debido proceso y a la defensa, los cuales consideran vulnerados por las autoridades jurisdiccionales acusadas dentro del proceso de restitución de bien inmueble adelantado en su contra por Alirio Barbosa Peña.
2. Sustentan la queja constitucional en los siguientes hechos:
(a). Manifiestan que llevaron a cabo un préstamo con el señor Alirio Barbosa Peña por un valor de quinientosmillones de pesos ($500.000.000), quien para garantizar el pago de dicha suma, exigió la constitución de una hipoteca en primer grado y posteriormente la venta con pacto de retroventa sobre el inmueble de propiedad de la peticionarias, el cual aducen, tiene un precio comercial de mil cuatrocientos millones de pesos (1.400.000.000) (fls. 110 y 111, cdno. 1).
(b). Que simultáneamente AlirioBarbosa Peña, exigió la suscripción de un contrato de arrendamiento, con fecha de inicio a partir del 22 de diciembre de 2010, con un canon por valor de diez millones de pesos ($10.000.000) (fl. 111, cdno 1).
(c). Que el 26 de mayo de 2011 se formuló demanda de restitución de bien inmueble arrendado, invocando como causal la falta de pago del canon de arrendamiento desde el mes de diciembre de 2010“[…] a sabiendas de la ineficacia del aludido acto documentado […]”(fl. 111, cdno 1), a pesar de que las accionantes nunca han dejado de ejercer la posesión material sobre el citado predio.
(d). Posteriormente en la contestación de la demanda, se propusieron las excepciones de “[…] existencia del contrato de VENTA CON PACTO DE RETROVENTA […]” e “[…] inexistencia del contrato de arrendamiento y ladeuda por rentas de arrendamientos […]” (fl. 112, cdno. 1), no obstante no haber sido oídas las accionantes dentro de la citada acción, como quiera que no se consignaron los dineros “supuestamente” adeudados a órdenes del juzgado, motivo por el cual instauraron denuncia penal por los delitos de estafa y fraude procesal.
(e). Aseguraron que el 12 de marzo de 2012 mediante despacho comisorio005 del Juzgado Treinta Civil del Circuito, se hizo presente en el inmueble el Juez Séptimo Civil Municipal de Descongestión de Bogotá, quien identificó el inmueble y concedió un plazo de 10 días para desocuparlo (fl. 112, cdno. 1).
(f). Pidieron las accionantes, la suspensión inmediata de la sentencia de 30 de septiembre de 2011, “[…] hasta tanto se establezca por las autoridades competentes dela jurisdicción penal si se cometió el delito de estafa y/o fraude procesal en relación con el contrato de arrendamiento […]” (fl. 110, cdno. 1). Además solicitaron la nulidad de la citada sentencia, “[…] así como de toda la actuación posterior y no reponerla hasta tanto no se decida la actuación penal”.
3. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por medio deauto de fecha 20 de marzo de 2012, avocó el conocimiento de la citada tutela (fl. 117, cdno. 1).
LA SENTENCIA IMPUGNADA
Luego de un análisis de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, el a quo negó la protección constitucional impetrada por cuanto, consideró que la sentencia cuestionada fue proferida el 30 de septiembre de 2011 y no resulta razonable que...
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