Ejecución sentencias urbanísticas

Cuestiones entorno a la ejecución de las sentencias urbanísticas 15/12/2011



La licencia es el acto de autorización administrativa a que están sujetos los actos de edificación y de uso del suelo de naturaleza urbanística, siendo la Administración competente, con carácter general, para su estudio y concesión el Ayuntamiento correspondiente, y debiendo sujetarse, para ello, a lasprescripciones legales, los Planes de Ordenación Urbana, Programas de Actuación Urbanística y, en su caso, a las Normas Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento.

Como todo acto de la Administración, pueden ser recurridos por los interesados en el procedimiento (art. 30 Ley 30/1992 RJAPPAC) y, conforme a la normativa urbanística, pueden ser objeto de recurso contencioso administrativo. En estesentido, el art. 50 R.D.Leg 2/2008, dispone que los actos de las Entidades Locales, cualquiera que sea su objeto, que pongan fin a la vía administrativa serán recurribles directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa y, entre ellos concretamente, los actos de aprobación definitiva de los instrumentos de ordenación territorial y de los de ordenación y ejecución urbanísticas, sinperjuicio de los recursos administrativos que procedan. Así mismo, se prevé la acción pública para exigir ante los órganos administrativos y los Tribunales Contencioso-Administrativos la observancia de la legislación y demás instrumentos de ordenación territorial y urbanística.

La propia legislación urbanística prevé la posibilidad de legalización de las obras en proceso de ejecución o ya ejecutadas,sin licencia o sin ajustarse a las condiciones de las mismas, acordando la suspensión de las obras e instando al interesado a regularizar la situación solicitando la oportuna licencia o ajustando la obra a la licencia otorgada. Si aquellas estuvieran terminadas se prevé un plazo de prescripción de cuatro años desde la terminación para instar tal regularización.

El problema se plantea cuandoes la propia licencia la que ampara una actuación ilegal. Como hemos visto, la impugnación deberá seguir el procedimiento previsto por la normativa reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa. Ello implica que, en tales casos, una vez declarada la nulidad de la licencia por sentencia firme, la ejecución de la misma, que puede suponer, por ejemplo, la demolición de lo construido o larestauración de la situación anterior, es obligatoria en la forma y términos que en ella se consignen (art. 103.2 Ley 29/1998 Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa), lo cual supone que, salvo que concurra alguna de las causas de imposibilidad material o legal previstas en el art. 105.3 LRJCA, en cuyo caso el Tribunal debería fijar la indemnización que corresponda, deberáprocederse al cumplimiento de la sentencia, pudiendo las partes afectadas, transcurridos dos meses desde la comunicación de la sentencia, instar la ejecución forzosa (art. 104.2 LRJCA).

El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva se vería vulnerado con la inejecución final de la sentencia, por lo que el argumento de imposibilidad material o legal debería ser acogido de forma restrictiva.En la actualidad, dado el estado de la técnica, es difícil apreciar la imposibilidad material de un derribo. Por otra parte el posible coste económico, incluidos los posibles derechos indemnizatorios de terceros adquirentes de buena fe, salvo que su magnitud hiciera prácticamente imposible afrontarlos, tampoco debería ser tenido en cuenta, pues la alternativa a todo ello, sería admitir una suertede impunidad tanto de promotores privados como de las administraciones locales demasiado a menudo sospechas de complicidad con intereses espurios.

Con respecto al argumento de la imposibilidad legal de ejecución, se trata de deslindar del acto que supone una legalización a posteriori de la obra o la intervención de que se trate, si obedece a una motivación plenamente fundada en el interés...