El aborto licito en Colombia.

El aborto lícito en Colombia y la objeción de conciencia del médico en su práctica.
Una propuesta de fundamentación


1. Introducción

Por cuenta de la función del control de constitucionalidad, la Corte Constitucional de Colombia, emitió la sentencia C-355 de 2006, a través de la cual declaró inexequibles parcial, total y condicionadamente algunos artículos del Código Penal queconfiguraban el injusto de aborto.

La que pareciera una sentencia más de constitucionalidad, constituyó, para Colombia, un avance, aunque tardío, en materia de derechos fundamentales de género, como en la configuración de permisiones jurídico-penales en casos límite de ponderación de bienes jurídicos, como los ofrecidos en el delito de aborto.

El tratamiento otorgado por la Corte a los derechos de lamujer, que accede a la condición de gestante, fue más allá de una “simple” pretensión de inconstitucionalidad de normas prohibitivas en materia penal, por manera que se advirtió y declaró el derecho de interrumpir artificialmente un embarazo a la mujer en particulares -como normales1- condiciones de motivación, creándose con ello, situaciones permisivas de lesividad para tutelado interés estatalde la vida del por nacer.

Aunque se reporte como cotidiano en el sistema jurídico colombiano, por conducto del derecho judicial, el tribunal constitucional nacional, en este fallo, configuró con efectos generales y obligatorios, tres escenarios fácticos en los que resulta justificado el aborto.

Tales eventos, a más de ser justificantes del injusto de origen ex lege, se han construido comoestructuras de descargo de imputación de compleja estructura, toda vez que para su realización se han exigido una serie de requisitos, que limitan la impunidad en manos de la madre, pero al tiempo, garantizan ejercicio al derecho a interrumpir la gestación.

En esta complejidad se ha asignado al profesional de la medicina una necesaria intervención, tendiente a asegurar que el aborto autorizado nodesborde en el abuso de la práctica abortiva en manos de la madre o de terceros que procuren su derecho.

De este modo, la jurisprudencia situó en cabeza del médico el deber constitucional de realizar materialmente el aborto impune en sus diferentes modalidades, generando con ello, una especial posición de garante de un deber positivo, consistente en la realización material de una normapermisiva: practicar el aborto por la necesidad de proteger el derecho a la vida en los casos de indicación terapéutica, eugenésica y ética.

Pese a esta asignación de deberes a un individuo calificado, la Corte, reconoció la posibilidad de que el médico se aparte del cumplimiento de esos deberes, mediante el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, facultando entonces al profesional paraque genere un conflicto de entre los deberes estatales y su convicción interna, que le permita desobedecer el imperativo supralegal.

Habría sido óptimo si la Corte en la sentencia hubiera delimitado el ejercicio de esa objeción de conciencia, expresando su contenido y alcance en el incumplimiento de permisos, para determinar la estructura de esta eximente de imputación.

Más allá de lo deseableen las apreciaciones dogmáticas que pueden extenderse en una providencia de control de constitucionalidad, se ofrece la necesidad de contribuir en la delimitación conceptual de esta estructura de descargo. De este modo, en el presente trabajo, intentaré brindar argumentos para concebir un concepto de descargue de imputación jurídico-penal del médico en los casos de aborto impune, indagando por elrol específico de este sujeto en la indicación y práctica de la interrupción del embarazo, por el contenido de las razones de convicción que puede arrogarse en su negativa a realizar el aborto, y las consecuencias punitivas de dicha negativa.


2. La sentencia de constitucionalidad y su contexto

Un consolidado movimiento de género en pro de los derechos de la mujer, representado en varios...