El Acto Administrativo En Tucumán
Páginas: 37 (9149 palabras)
Publicado: 3 de octubre de 2015
El Acto Administrativo en Tucumán. La nulidad manifiesta como categoría autónoma: Apologías y rechazos - [EDA, 2004-452]
Por González Navarro, Augusto
I
Introducción
Como certeramente se nos ha recordado(1), el Derecho Administrativo no ha sido nunca -desde sus orígenes mismos en Francia- un derecho legalista, que intente expresarse en un código, ni aun en uncuerpo normativo más o menos plural, pero cerrado y esquemático. Fue más bien una exposición de los criterios jurisprudenciales del Consejo de Estado y no una sistematización de leyes administrativas positivas y de hecho sigue siendo en la actualidad un derecho de juristas, cuyas instituciones se encuentran aún en permanente discusión y rediscusión, orientadas en buena medida por los aportesdoctrinarios y jurisprudenciales.
Lo que Cassese llama el carácter desmesurado y móvil de nuestra disciplina, obliga a continuas adaptaciones y replanteamientos en los que la labor pretoriana de los tribunales tiene un papel central(2).
A su vez, las interpretaciones de autores y tribunales han obrado como punta de lanza de posteriores reformas en la legislación positiva,como ocurre en algunas de las instituciones que serán objeto de estudio en el presente trabajo.
Es de interés, en este orden de ideas, formular el análisis crítico y comparativo de institutos que los regímenes positivos vigentes regulan de manera divergente, diferencias en las que aparecen plasmadas a su vez concepciones jurídicas y -en definitiva- ideológicas a vecescontrapuestas.
En la orientación señalada nos proponemos formular una referencia valorativa sobre la regulación que en lo atinente al sistema de nulidades del acto administrativo incorporó en el ámbito de la Provincia de Tucumán la ley 4537 (B.O. del 03/09/76) y con posterioridad su similar 6311 (B.O. del 20/11/91), la que introdujo significativas reformas parciales y las integró en un textoordenado.
Partiremos para ello de la base de que el estudio de una teoría general de las nulidades del acto administrativo, como bien se ha hecho notar, adquiere significación desde la perspectiva de las consecuencias jurídicas concretas que las mismas conllevan, esto es las consecuencias o sanciones asignadas por el ordenamiento jurídico a cada categoría de invalidez y su régimendiferenciado(3).
Abandonando parcialmente el tradicional criterio propiciado en nuestro Derecho por Marienhoff(4), según el cual lo atinente al funcionamiento interno de la administración (incluida la regulación del recurso jerárquico, vistas, notificaciones, etc.) integraban la llamada zona de reserva de la misma, nuestro ordenamiento local optó por normar lo atinente al acto yprocedimiento administrativo -incluidos los remedios recursivos e impugnaticios- en una ley en sentido formal, opción que según se afirma se sustentó en la convicción de que el valladar que el legislador debía respetar se constreñía a la actividad interna de la Administración -materia, según aquella concepción, de reglamento y no de ley- pero la reserva de ley necesariamente debía extenderse a todolo que implicara reglamentar derechos de particulares y en general en todo lo que atañe a la vinculación entre estos y la Administración con potencial afectación de derechos(5).
El temperamento seguido en este caso ofrece sin embargo objeciones en aspectos puntuales, en los que pese a su directa incidencia en aspectos axiales del debido proceso adjetivo, el legislador optó porabdicar de su inclusión en la norma prefiriendo encomendarlos a futuras reglamentaciones que hasta la fecha no han tenido lugar y que colocan a la norma provincial en notoria desventaja frente a la nacional en lo tocante a los efectos garantísticos y tuitivos de su régimen (efectos suspensivos de las vistas, formalidades de las notificaciones y consecuencias de su omisión, entre otros)....
Por González Navarro, Augusto
I
Introducción
Como certeramente se nos ha recordado(1), el Derecho Administrativo no ha sido nunca -desde sus orígenes mismos en Francia- un derecho legalista, que intente expresarse en un código, ni aun en uncuerpo normativo más o menos plural, pero cerrado y esquemático. Fue más bien una exposición de los criterios jurisprudenciales del Consejo de Estado y no una sistematización de leyes administrativas positivas y de hecho sigue siendo en la actualidad un derecho de juristas, cuyas instituciones se encuentran aún en permanente discusión y rediscusión, orientadas en buena medida por los aportesdoctrinarios y jurisprudenciales.
Lo que Cassese llama el carácter desmesurado y móvil de nuestra disciplina, obliga a continuas adaptaciones y replanteamientos en los que la labor pretoriana de los tribunales tiene un papel central(2).
A su vez, las interpretaciones de autores y tribunales han obrado como punta de lanza de posteriores reformas en la legislación positiva,como ocurre en algunas de las instituciones que serán objeto de estudio en el presente trabajo.
Es de interés, en este orden de ideas, formular el análisis crítico y comparativo de institutos que los regímenes positivos vigentes regulan de manera divergente, diferencias en las que aparecen plasmadas a su vez concepciones jurídicas y -en definitiva- ideológicas a vecescontrapuestas.
En la orientación señalada nos proponemos formular una referencia valorativa sobre la regulación que en lo atinente al sistema de nulidades del acto administrativo incorporó en el ámbito de la Provincia de Tucumán la ley 4537 (B.O. del 03/09/76) y con posterioridad su similar 6311 (B.O. del 20/11/91), la que introdujo significativas reformas parciales y las integró en un textoordenado.
Partiremos para ello de la base de que el estudio de una teoría general de las nulidades del acto administrativo, como bien se ha hecho notar, adquiere significación desde la perspectiva de las consecuencias jurídicas concretas que las mismas conllevan, esto es las consecuencias o sanciones asignadas por el ordenamiento jurídico a cada categoría de invalidez y su régimendiferenciado(3).
Abandonando parcialmente el tradicional criterio propiciado en nuestro Derecho por Marienhoff(4), según el cual lo atinente al funcionamiento interno de la administración (incluida la regulación del recurso jerárquico, vistas, notificaciones, etc.) integraban la llamada zona de reserva de la misma, nuestro ordenamiento local optó por normar lo atinente al acto yprocedimiento administrativo -incluidos los remedios recursivos e impugnaticios- en una ley en sentido formal, opción que según se afirma se sustentó en la convicción de que el valladar que el legislador debía respetar se constreñía a la actividad interna de la Administración -materia, según aquella concepción, de reglamento y no de ley- pero la reserva de ley necesariamente debía extenderse a todolo que implicara reglamentar derechos de particulares y en general en todo lo que atañe a la vinculación entre estos y la Administración con potencial afectación de derechos(5).
El temperamento seguido en este caso ofrece sin embargo objeciones en aspectos puntuales, en los que pese a su directa incidencia en aspectos axiales del debido proceso adjetivo, el legislador optó porabdicar de su inclusión en la norma prefiriendo encomendarlos a futuras reglamentaciones que hasta la fecha no han tenido lugar y que colocan a la norma provincial en notoria desventaja frente a la nacional en lo tocante a los efectos garantísticos y tuitivos de su régimen (efectos suspensivos de las vistas, formalidades de las notificaciones y consecuencias de su omisión, entre otros)....
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