El Fuero Militar

Hace algunos años, el ministro de Defensa de la época, Camilo Ospina, decidió realizar un convenio con el entonces Fiscal General de la nación, Mario Iguarán, el cuál consistía en entregar primero arevisión de la Fiscalía toda denuncia de carácter penal que cursase en contra de miembros del personal uniformado, sean estos de la Fuerzas Armadas o de la Fuerza de Policía.

El resultado de eseacuerdo no pudo ser peor para la democracia colombiana y más aún para el derecho penal militar: por un lado, se le concedió total libertad a la justicia ordinaria de asumir como propios todos losprocesos que contra militares y policías se estuvieran llevando en el país, o estuviesen por iniciar, desconociendo de antemano todo el sistema penal militar acusatorio; y en segundo lugar, relegó a lasInspecciones Generales de la Policía, Armada, Ejercíto y Fuerza Aérea a un simple tramitador de juicios de carácter disciplinario, faltando con ello al conocimiento de aparatos de guerra y delconocimiento interno de su respectiva fuerza.

Y las consecuencias no se hicieron esperar. Casos como el del grafitero muerto en las calles de Bogotá de inmediato se filtraron a los medios de comunicación ypusieron en la picota pública a los miembros de las fuerzas de Policía, dando a entender que el error fue del policía de entrada, sin siquiera tener acceso a un juicio y a un proceso en el que se lebrindaran las suficientes garantía procesales y jurídicas. Ya un policía del GAULA en Antioquia no se puede defender en un procedimiento de liberación de un secuestrado por parte de las nefastasoficinas que allá delinquen porque accionar su arma en defensa propia contra alguien que resultó ser un menor de edad, es considerado un delito atroz por parte de la Fiscal que lleva el caso.

Podríamoscontar cientos de casos como estos, en donde miembros de las Fuerzas que no tienen si acaso un salario que les alcanza para subsistir, deben allanarse a abogados y a procesos jurídicos largos y...