EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Katherine Angueira Navarro
Peticionaria
v.
Junta de Libertad Bajo Palabra; Enrique
García, Presidente; Héctor Martínez y
otros
Recurridos
Convicto Agapito Pérez Cruz
Confinado Núm. 7-74521
Certiorari
2000 TSPR 103

Número del Caso: CC-1999-0240
Fecha: 29/junio/2000
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional I
Juez Ponente: Hon. FelicianoAcevedo
Abogados de la Parte Peticionaria: Por Derecho Propio
Materia: Revisión de Decisión Administrativa

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DEPUERTO RICO
Katherine Angueira Navarro
Peticionaria
v.

Junta de Libertad Bajo CC-1999-240 Certiorari
Palabra; Enrique García,
Presidente; Héctor
Martínez y otros
Recurridos
Convicto Agapito Pérez Cruz
Confinado Núm. 7-74521
PER CURIAM
(En reconsideración)
San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2000
I
Al amparo de nuestra decisión en este recurso del 11
de enero de 2000, 2000 TSPR 2, lapeticionaria Katherine
Angueira Navarro acudió a la Junta de Libertad Bajo Palabra
“para examinar, en primera instancia, los expedientes
psicológicos, psiquiátricos y aquella documentación
relacionada con la salud mental, entre otros, que arrojen
luz sobre la alegada rehabilitación” del liberado Agapito
Pérez Cruz.
La Junta puso a su disposición el expediente del
confinado, “con excepción de losinformes médicos que
contiene el mismo y el nombre de terceras personas que
aportaron información en carácter confidencial o
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su contenido si es posible descubrir por la información,
cuál fue la persona que la proveyó.” Justificó su negativa
argumentando que el acceso a la documentación no era
irrestricto y los informes sicológicos y siquiátricos de
las diversas entidades evaluativas(Negociado de Evaluación
y Asesoramiento, Servicios de Salud Mental Correccional y
Hospital Correccional Forense Siquiátrico) mantenían su
carácter confidencial, bajo el Código de Salud Mental,1
hasta que mediara orden judicial o autorización escrita del
confinado.
Insatisfecha, Angueira Navarro vino ante nos
solicitando, en cumplimiento de Sentencia, que ordenemos a
la Junta darle acceso alexpediente completo del liberado
Pérez Cruz, incluyendo los informes médicos, siquiátricos,
sicológicos y los resultados de las pruebas mandatorias del
Virus de Imunodeficiencia Humana (VIH). Pidió además, que
la Junta preparase un inventario de “todos los documentos
que han formado, forman y/o formarán parte del expediente”
y nos lo eleve. Finalmente, en la alternativa, solicitó
que, de entender que lanegativa de la Junta respondió a
una interpretación adecuada de nuestra decisión anterior,
acogiéramos su escrito como una reconsideración.
Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,
por ser oportuna, reconsideramos.

1 Ley Núm. 116 del 12 de junio de 1980, Art. III-2
(3-202), 24 L.P.R.A. sec. 5003.
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II
Se recordará que nuestra decisión estuvo inspirada en
darle sustancia ysignificado al “derecho de una víctima de
delito” a emitir una opinión informada sobre la concesión o
denegatoria de libertad bajo palabra a su victimario.
Caracterizamos como necesario tener acceso amplio al
expediente del ofensor. Sostuvimos, a esos efectos, que el
reclamo de confidencialidad del Estado sobre dicho
expediente admitía ciertas excepciones, entre las que
figuraba el derecho de lavíctima a informarse
adecuadamente de los datos allí contenidos.
Como resultado, nuestro mandato a la Junta tuvo el
propósito remedial de facilitar a Angueira Navarro los
documentos del expediente de Agapito Pérez Cruz, salvo
aquellos considerados confidenciales a tenor con el Código
de Salud Mental. Sujetamos su alcance a una orden
protectora permanente para limitar su uso exclusivo a la...