ensayo

Financiamiento a la Educación Básica

José Luis Aguilar y Maya


Introducción

La asignación de recursos para sufragar los gastos de la educación siempre ha sido tema de debate. Las razones no son menores. Hablar de los costos de la educación pública en nuestro país implica hacer alusión, implícita o explícitamente, al principal rubro de gasto, tanto para la administración públicafederal como para los gobiernos de las entidades federativas. En estos últimos, las erogaciones realizadas en el sector oscilan entre el 30 y el 50% de su presupuesto total por ejercicio fiscal y, en el caso del gobierno federal, el gasto en educación básica transferido a las entidades supera el 30% respecto al gasto total federalizado.1


En el centro de la discusión se encuentra un arregloinstitucional que ha permanecido ambiguo desde su concepción original. Si bien las actuales disposiciones que regulan la relación entre el gobierno federal y las entidades federativas se encuentran formalizadas en la Ley de Coordinación Fiscal (LCFF), misma que norma el tipo de criterios utilizados para la dispersión del gasto federalizado en materia educativa,2 también hay que señalar que estasdisposiciones corresponden sólo a la reglamentación de un proceso que, desde la concepción original de la arquitectura institucional y administrativa del sector educativo nacional, contiene un alto grado de inequidad.

Desde la creación de la Secretaría de Educación Pública en los albores de la década de los veinte, pasando por la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica,con sus respectivos convenios y hasta las reformas que institucionalizaron la desconcentración de servicios educativos con la creación de los fondos federales transferidos, los criterios de distribución de los fondos y el nivel de aportaciones entre ámbitos de gobierno, han sido puntos de una discusión permanente.

El mosaico de temas es complejo. Algunos de los argumentos críticos más citadosque suelen referirse al momento de analizar el tema del financiamiento a la educación pública en el país son:

1) Desequilibrios distributivos. Sólo se considera la oferta educativa. Esto es, la fórmula que determina el monto del fondo sólo considera al número de docentes y planteles educativos.3

2) Inercias en los mecanismos de dispersión de fondos. Al no existir un criterio claropara la distribución de recursos hacia las entidades federativas, la federación continúa negociando con cada una de ellas, por separado, la distribución del fondo destinado a la educación.4


1 Diagnóstico Integral de la Situación Actual de las Haciendas Públicas Estatales y Municipales, SHCP.
2 Artículos 26, 27 y 28 del Capítulo V de la citada Ley.
3 Véase artículo 27 de la LCFF.3) Desigualdades en las aportaciones locales. Mientras que la aportación per cápita con recursos propios del estado de Baja California fue de $990.50 en 2002, el estado de Morelos sólo aportó $13.00 pesos por habitante.5

4) Nulos incentivos para estimular el financiamiento con recursos propios de los estados. El actual mecanismo de distribución del FAEB no reconoce el esfuerzofinanciero de las entidades federativas par sufragar el gasto educativo.6

5) Ausencia de criterios objetivos que incorporen indicadores efectivos de oferta y demanda. La fórmula del artículo 27 de la LCFF no reconoce la calidad educativa ni a la población en edad escolar o alumnos que se encuentran inscritos en el sistema educativo operado por la entidad federativa.

6) Debilidad enlos instrumentos de coordinación entre los gobiernos locales y el gobierno federal.

A lo anterior puede sumarse, como lo señala Ortega (2004), que la federalización del gasto educativo, vía el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), arrastra muchas de las inequidades existentes al momento de firmar el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica...