expediente

EXP. N.° 2933-2002-HC/TC
LIMA
TOMÁS ALBERTO CANDIA MACHACUAY
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 10 días del mes de marzo de 2003, reunida la Primera Sala del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los señores Magistrados Alva Orlandini, Presidente; Bardelli Lartirigoyen y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia.
ASUNTO
Recurso extraordinario interpuestopor don Tomás Alberto Candia Machacuay contra la sentencia de la Sala de Apelaciones de Procesos Sumarios con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 147, su fecha 24 de setiembre de 2002, que declaró improcedente la acción de hábeas corpus de autos.
ANTECEDENTES
El recurrente, con fecha 26 de agosto de 2002, interpone acción de hábeas corpus contra la Sala Nacional deTerrorismo, a efectos de que se declare la nulidad de la sentencia de fecha 18 de abril de 1995, que lo condenó a 25 años de pena privativa de libertad por la comisión del delito de terrorismo. Solicita también la nulidad de la ejecutoria suprema de fecha 28 de febrero de 1996, que declaró no haber nulidad en la sentencia condenatoria; la nulidad de la resolución de fecha 23 de julio de 1992, queordenó su detención, y, que se ordene su excarcelación para enfrentar el proceso penal en libertad, por contar más de 10 años en prisión. Sostiene que se ha violado su derecho a un debido proceso, toda vez que fue procesado por jueces sin rostro, violándose la garantía del juez natural y el principio de inmediación. Indica además que no se le permitió contar con un abogado de su elección y que sevulneró el principio de publicidad, dado que el proceso seguido en su contra fue secreto. Señala, finalmente, que la orden de detención dictada en su contra no se ajustó a los requisitos establecidos en el artículo 135° del Código Procesal Penal.
El Presidente de la Sala Nacional de Terrorismo manifiesta que las sentencias cuestionadas fueron dictadas por magistrados con identidad secreta queconformaban un órgano distinto al que actualmente preside, y que ellos son los únicos que podrían dar las explicaciones sobre las violaciones denunciadas por el demandante.
El Cuadragésimo Primer Juzgado Penal de Lima, a fojas 118, con fecha 28 de agosto de 2002, declaró fundada la demanda en el extremo en que se alega la violación del debido proceso, e infundada en el extremo que solicita laexcarcelación. Considera que el juicio oral seguido contra el demandante, al ser llevado a cabo por jueces sin rostro, impidió que el beneficiado pueda cuestionar la independencia o imparcialidad de sus juzgadores.
La recurrida revocó la apelada y declaró improcedente la demanda, por considerar que los actos de juzgamiento cuestionados fueron realizados en observancia de leyes de aplicación obligatoria,acordes con la situación social que atravesaba el país, por lo que las sentencias fueron dictadas en un proceso regular y han alcanzado autoridad de cosa juzgada.
FUNDAMENTOS
1. En la sentencia recaída en el Expediente N.° 010-2002-AI/TC, el Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho al debido proceso, reconocido en el primer párrafo del inciso 3) del artículo 139° de la Constitución,en estricto, recoge un "modelo constitucional del proceso", es decir, un cúmulo de garantías mínimas que legitiman el tránsito regular de todo proceso.
2. Una de dichas garantías es el derecho al juez natural, reconocido en el segundo párrafo del inciso 3) del artículo 139° de la Constitución, y cuyo contenido, de acuerdo con la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Norma Suprema, debeentenderse de conformidad con el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, según el cual "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley...".
La disposición exige que la competencia del juez llamado a conocer el proceso penal...