Fallo Reyes Aguilera

Análisis del fallo Reyes Aguilera:
1- a) Antecedentes fácticos:
La actora, de nacionalidad boliviana, y que obtuvo su radicación en Argentina en 1999, padece de una incapacidad del ciento por ciento de carácter cognitivo, desde su nacimiento. Ante la negativa de las autoridades administrativas a concederle la pensión por invalidez prevista en el art. 9 de la ley 13.478 (y sus modificatorias),por no contar con la residencia mínima de 20 anos requerida para los extranjeros por el art. 1 e del anexo I del decreto 432/97, inició una acción de amparo invocando la inconstitucionalidad de este último con base en violentar derechos protegidos por la Constitución Nacional y diversos instrumentos internacionales.
b) Fundamentos jurídicos de la actora:
Los demandantes solicitaron ladeclaración de inconstitucionalidad del art. 1 inc. E del decreto 432/97 por considerar que vulneraba las garantías de igualdad ante la ley y prohibición de discriminación en razón del origen nacional, y los derechos a la vida, salud y seguridad social. Con respecto a la igualdad, indicaron que el requisito de 20 anos de residencia no está previsto para los nacionales.
La parte actora entiende que elart. cuestionado constituye “un exceso en las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo porque contraria el principio de razonabilidad que establece el art. 28 de la Constitución”. Resalta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó que solo la ley adoptada por órganos elegidos democráticamente, puede restringir el goce y ejercicio de los derechos y libertades de la persona. Y lanorma en cuestión no cumple con el requisito ya que la restricción fue impuesta por el Poder Ejecutivo y no por el legislador.
Destaca que el art. cuestionado es nulo ya que el art. 20 de la Constitución establece una “equiparación absoluta entre ciudadanos nacionales y extranjeros, no admitiendo excepciones con independencia de la legitimidad que pueda tener el fin buscado al momento de lareglamentación”.
Además argumenta que se ha violado lo dispuesto por la Convención Internacional de los Derechos del Nino, que fue suscripto por la Nación, en especial el art. 3.1.
Remarca también que la negativa de incluir a la menor en el sistema de pensiones la priva de las prestaciones brindadas por el Programa Federal de Salud, que tiene a su cargo el financiamiento de la provisión médica y socialde los beneficiarios de pensiones no contributivas y sus familiares que no cuenten con otra cobertura asistencial, con lo cual “se está violando su derecho a la salud plasmado en diversos pactos que cuentan con jerarquía constitucional”.
Dice que estamos ante “una violación flagrante del derecho a la Seguridad Social y es una obligación del Estado garantizar que se otorguen tales beneficios”.Agrega que “las prestaciones no contributivas asistenciales forman parte del sistema de previsión social”.
c) Cuestión Federal:
Se ha puesto en tela de juicio la validez de un decreto del Poder Ejecutivo por considerarlo contrario a normas de la Constitución Nacional y de varios tratados internacionales, como son el derecho a la vida, a la salud, a la seguridad social, el principio de igualdad y lano discriminación. Y la decisión del tribunal superior de la causa ha sido adversa al derecho fundado por el recurrente.
d) Decisión de instancias anteriores:
La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social confirmó la sentencia de anterior instancia, y rechazo la petición de inconstitucionalidad. Sostuvieron que cuando el art. 75 inc. 20 autoriza al Congreso de la Naciónpara otorgar pensiones, “le atribuye una facultad sometida a su total prudencia y discreción y los requisitos a cumplir para el otorgamiento de una pensión de estas características es un acto de política legislativa no justiciable”.
Por otro lado, argumentaron que si bien el decreto impone distintos requisitos según se trate de argentinos o extranjeros, “no implica una discriminación en razón de...