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SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Consta en autos que, el 30 de mayo de 2003, el ciudadano VINCENZO PACILLO IANNUZZELLI, titular de la cédula de identidad n° E-6.594, mediante la representación de los abogados Ingrid Alisetti Pacillo y Carlos Alfredo Rojas Rodríguez, con inscripción en el Inpreabogado bajo los números 29.406 y 29.457, respectivamente,intentó, ante el Juzgado Superior Quinto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, amparo constitucional contra “la actitud de VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO propiciada por la Juez DAYNUBE VALOR QUIÑONES a cargo del TRIBUNAL SEGUNDO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS”, para cuya fundamentación denunció la violación de sus derechosal debido proceso y a la defensa que acogió el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El 21 de julio de 2003, el Juzgado Superior Quinto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas juzgó sobre la pretensión que fue interpuesta y la declaró sin lugar.
Después de la recepción del expediente de la causa, se dio cuenta en Sala porauto del 28 de julio de 2003 y se designó ponente al Magistrado Pedro Rondón Haaz.

I
DE LA CAUSA
El 9 de junio de 2003, el Juzgado Superior Quinto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas admitió la demanda de amparo y ordenó las notificaciones correspondientes.
El 14 de julio de 2003, se realizó la audiencia pública correspondiente, en cuya acta se dejóconstancia de la asistencia del apoderado judicial del quejoso, de la abogada Cornelia Ruiz, con inscripción en el Inpreabogado bajo el n° 26.569, en representación judicial de la ciudadana Octavia Josefina Navas, quien se identifica con la cédula n° 5.322.178 (tercera interesada), y del Ministerio Público, así como se dejó constancia de la inasistencia de la jueza del Juzgado supuesto agraviante.El 15 de julio de 2003, el apoderado judicial del peticionante de amparo consignó dos contratos de arrendamiento sobre la planta baja y sótano del Edificio Tiberio.
El 21 de julio de 2003, el Juzgado Superior Quinto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas juzgó sobre la pretensión que fue interpuesta y la declaró sin lugar; luego, el 25 de julio de 2003,remitió el expediente continente de la causa a esta Sala Constitucional para la consulta de su decisión.
El 28 de julio de 2003, se dio cuenta en Sala del expediente continente de la causa.

II
DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA
1. Los apoderados judiciales de la parte actora alegaron:
1.1 Que, el 26 de marzo de 2003, el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo dela Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas señaló que, por cuanto la parte demandada no fijó domicilio procesal, su notificación debía hacerse en la cartelera del tribunal, para la reanudación del juicio que se encontraba en estado de dictar sentencia.
1.2 Que, el 3 de julio de 2001, cuando promovió pruebas, se indicó como domicilio procesal “EL SEÑALADO EN EL TRASLADOPARA EL OTORGAMIENTO DEL INSTRUMENTO-PODER: QUINTA RINA, AVENIDA PRINCIPAL DE LOMAS DE LA TRINIDAD, ESTADO MIRANDA”.
1.3 Que el Juzgado de la causa omitió dicho señalamiento e incurrió en error cuando señaló que no existía domicilio procesal de la parte demandada.
1.4 Que “...la cadena de errores judiciales ejecutados de buena fé (sic) por el Tribunal Segundo de PrimeraInstancia del Trabajo, ha traído como consecuencia directa la omisión de aplicar un domicilio procesal definido por la parte demandada en su única actuación procesal en el juicio in comento (sic), y en definitiva ha menoscabado el debido proceso a la parte demandada con la fijación de un domicilio alternativo legal como lo es la Sede del Tribunal”.

2. Denunciaron:
La violación de los...