Garantias Contistucionales En El Proceso pEnal

GARANTIAS CONSTITUCIONALES EN EL PROCESO PENAL
I. Introducción.
Partiendo de la base de que todo proceso judicial requiere unas garantías para su correcto funcionamiento debemos exponer en primer término que estas garantías son recogidas en nuestro ordenamiento jurídico dentro de nuestra Norma Fundamental, la Constitución, en su art. 24 en el que se establecen las bases fundamentales de todoprocedimiento judicial y en especial las garantías del proceso penal justo como son, la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales, o en su versión negativa, la indefensión, y la presunción de inocencia, entre otras garantías procedimentales.
Su función fundamental es sentar las bases constitucionales, dentro de los procesos judiciales, de las garantías fundamentales necesarias en un Estadosocial y democrático de derecho.
El art 24 CE, supone la definitiva consagración del derecho de acción, como un derecho público, subjetivo y autónomo. La naturaleza del derecho consagrado en el art.24 CE, nos permite decir, al hilo de la jurisprudencia constitucional, que es de naturaleza compleja, e incluso para DÍEZ PICAZO, cabría plantearse si realmente es una pluralidad de derechos y no sólo underecho. Esa pluralidad se entiende porque su contenido, es complejo y no se puede decir que existe el derecho a la tutela judicial efectiva, si no se cumple con todos los requisitos.
El art 24 CE, otorga la titularidad del derecho a la tutela judicial efectiva, a todas las personas, ya sean físicas o jurídicas (públicas o privadas), tanto nacionales como extranjeros.
II. Derecho a la tutelajudicial efectiva.
a) Función de la tutela judicial.
El artículo 24 de la CE reconoce a “todas las personas” el derecho a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. De esta forma, se consagra el derecho a acceder a los órganos jurisdiccionales para la defensa de los propios derechos e intereses.
En los sistemas de separación depoderes, el ejercicio de las facultades y deberes derivados del monopolio del uso legítimo de la fuerza se atribuye, con carácter general, a los órganos judiciales. De la atribución a un órgano, distinto del legislativo y del ejecutivo, de la facultad de aplicar las leyes y dirimir los conflictos, surge el derecho de todas las personas a acceder a los juzgados y tribunales para que éstos resuelvan losconflictos en los que sean parte.
Este derecho más que ningún otro, debe su contenido y la delimitación de sus contornos a la configuración jurisprudencial que del mismo ha ido realizando el Tribunal Constitucional en sus resoluciones. Desde esa jurisprudencia, puede definirse el derecho a la tutela judicial efectiva como el derecho de todas las personas a tener acceso al sistema judicial y aobtener del mismo una resolución fundada en Derecho (y, por tanto, motivada) que puede ser de inadmisión cuando concurre una causa legalmente prevista. A ello hay que añadir el derecho a no sufrir indefensión, esto es, a poder ejercer en el proceso, en apoyo de la propia posición, todas las facultades legalmente reconocidas.
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha seguido una marcada líneaantiformalista. Ha llegado a señalar que este derecho no puede ser obstaculizado por una interpretación formalista de la legalidad vigente (STC 57/1984), puesto que las normas procesales son instrumentos y no objetivos. La tendencia antiformalista se ve reforzada con el principio de la búsqueda de la interpretación que resulte más favorable a la efectividad del derecho fundamental, y con laconstante exigencia de proporcionalidad en los efectos derivados del incumplimiento de algún requisito procesal.
El TC ha tratado de eliminar de las resoluciones judiciales todo atisbo de arbitrariedad con la repetida exigencia de la necesidad de motivación, razonabilidad y ajuste a Derecho de las resoluciones judiciales.
b) Acceso a la jurisdicción.
En la STC 102/1984 quedan expuestas las fases de...