guarderia ABC

Amanda Ramos
Alejandra Ramírez

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El pasado 5 de junio, un incendio en la guardería ABC, ubicada al sur de
la ciudad de Hermosillo, Sonora, provocó la muerte, hasta ahora, de 48
niñ@s. Se trata de uno de los agravios más dolorosos y cruentos que ha
enfrentado nuestro país en últimas fechas. Una grieta más en la estructura que sostiene la opulencia arriba, a costa de la muerte abajo. Esotro
indignante sufrimiento, que nos exige trabajar porque al fin el muro se
desmorone.
Poco después de iniciado el fuego quedaron en evidencia varias de
las causas. La estancia infantil era un bodegón habilitado como guardería,
que no contaba con las condiciones mínimas de seguridad: operaba frente
a una gasolinera, al lado de un gran taller de llantas y se encontraba separada por unadébil pared de aglomerado de una bodega que contenía papelería del gobierno del estado y en donde comenzó el incendio. Además,

el lugar no contaba con salidas de
emergencia ni extintores.
El desastre es resultado de
una cadena de hechos de corrupción en los que participaron los
tres niveles de gobierno. Tanto el
gobernador de Sonora, Eduardo
Bours Castelo, como el alcalde de
Hermosillo,Ernesto Gándara, son
las autoridades máximas responsables de la seguridad y protección
de la población. Por lo tanto, son
ellos quienes debieron negar la licencia de funcionamiento o clausurar la guardería. Ambas estructuras de gobierno certificaron que la
guardería ABC contaba con todas
las condiciones para operar sin correr ningún riesgo, pues con ello se

beneficiaba a los propietariosdel
establecimiento, todos vinculados
con el poder político.
Entre los dueños de la estancia infantil se encuentran: Alfonso
Escalante Hoeffer, Subsecretario
de Ganadería del gobierno sonorense y cuñado de Ricardo Mazón
Lizárraga, un empresario muy cercano al gobierno de Bours; Sandra
Lucía Téllez Nieves, esposa de
Alfonso Escalante; Marcia Matilde
Altagracia Gómez del Campo
Tonella,prima de Margarita Za­
vala, esposa de Felipe Calderón
Hinojosa; Antonio Salido, esposo de Mar­ ia y Director Admi­
c
nistra­ivo de la Secretaría de
t
Infraestructura y Desarrollo Urbano;
y Gildardo Francisco Urquides
Serrano, secretario de Finanzas del
Comité Estatal del PRI y empresario inmobiliario y turístico.
También hay responsabilidad
del gobierno federal. La guardería
ABCpertenecía al sistema de estancias infantiles concesionadas por
el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) y apoyadas económicamente por la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol). Como
otras estancias infantiles, la guardería ABC incumplía con las normas y
lineamientos de operación establecidos por el IMSS, pero contaba con
autorización para funcionar. Esto es
posible porque el IMSS subroga(o
sea, deja que escuelas particulares
—cuando menos así está estipulado— le vendan el servicio al IMSS)
el servicio de guardería, una de las
cinco ramas de la seguridad social,
a los particulares por asignación directa o discrecionalmente y no mediante licitación o concurso. Días
después del incendio, El Universal

dio a conocer que familiares del gobernador sonorense son propietarias depor lo menos 13 guarderías
subrogadas del IMSS.
La subrogación del servicio
de guarderías a particulares, aunada a la corrupción y al influyentismo, edificaron un jugoso negocio
para los de arriba y “guarderías
de muerte” para los de abajo.
Ahora bien, si está claro que los
responsables de este crimen son
los poderosos, el gobierno hecho
negocio, la decadencia de la clase
política y laimpunidad que reinan
en nuestro país, la muerte de estos
48 niños representa algo más.
Representa, entre otras cosas,
el abandono de cualquier compromiso social del Estado a favor de
los dueños del dinero. Este crimen
se debe enmarcar dentro de lo que
los compañeros zapatistas han venido denunciando desde hace más
de diez años: el gobierno federal,
así como los gobiernos estatales y...