Hecho ilicito

-622571-364369005233481-36436900UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
NOMBRE: ANGELES REYES ENRIQUE
SEMESTRE; GRUPO: 5°2
CARRERA: LIC. EN DERECHO
MAESTRA: LIC. ROSA MARIA ESCAMILLA REYES
TEMA: “EXCLUSIÓN DE PRUEBA EN EL NUEVO PROCESO PENAL” Y “UNA PRIMERA APROXIMACIÓN AL TEMA DE LA PRUEBA ILÍCITA EN CHILE”
AMOR, ORDEN Y PROGRESO
1.AUTORIZACIONES JUDICIALES PREVIAS Y EN
PARTICULAR, ENTRADA Y REGISTRO EN LUGAR
CERRADO EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
En esta primera etapa que concluye con el cierre de la investigación siempre está presente la
Tensión entre la eficacia de la persecución penal y el respeto a las garantías constitucionales. A ello se debe que los principios formativos a que aludimos sean ponderados, evaluados,casi en el día a día a fin de obtener una suerte de equilibrio entre estas dos fuerzas que, evidentemente, se confrontan.
La oralidad no es un valor en sí mismo, por cierto, sólo es la forma de asegurarnos la inmediación, pues sabemos que la escrituración, por concepto, la impide. Pero la otra virtud que tiene la oralidad es, a no dudarlo, la eficacia.
El análisis de las diversas normas delCódigo Procesal Penal que se refieren al tema permite sostener que la escrituración de las autorizaciones no constituye una exigencia general ni mucho menos. La regla, el principio, la exigencia insoslayable es la autorización judicial previa en sí misma. Ahora bien, sabemos que todas las actuaciones, tanto policiales, fiscales y judiciales, deben registrarse. A ello se refieren los artículos 40 ysiguientes en lo referente a las actuaciones judiciales y artículos 227 y siguientes en lo pertinente a los registros de la investigación, tanto fiscal como policial. En esta normativa sí encontramos en forma genérica la obligación de dejar constancia de las actuaciones tan pronto tuvieren lugar, consignándose una serie de datos mínimos a los que se alude.
Si analizamos el punto al revés, veremosque la posibilidad de que una autorización pueda darse verbalmente fuera del tribunal no está, por cierto, contemplada en norma alguna, pero ¿es realmente necesario a ultranza que todo lo que debemos hacer los jueces esté así dicho?, es más, ¿sería ello posible? Estimo que ello no sólo no es necesario, sino que tampoco es posible, porque claramente la realidad siempre supera la pretensión deanticiparse a través de una distante regulación normativa.
Una orden judicial tiene una naturaleza absolutamente diversa y ostenta su sustento más directo en el poder coercitivo propio de la labor jurisdiccional que en el artículo 34 del CPP sencillamente se ha explicitado.
No debe confundirse una diligencia autorizada por un juez de garantía con una actuación ordenada por el mismo. El fiscal tieneel total manejo de la primera, por lo cual decidirá si la lleva en definitiva a cabo o no, en cambio una actuación que es ordenada por el tribunal "debe" ser realizada y para ello el tribunal podrá ordenar directamente la intervención de la fuerza pública y disponer todas las medidas necesarias para su cumplimiento.
En un caso de poca trascendencia como el anotado tal vez no nos quedemeridianamente clara la lógica de sistema que esta afirmación encierra, pero dediquemos un minuto a otro ejemplo: la policía encuentra a un niño muerto y violentado sexualmente a una cuadra de su casa. Del sitio del suceso se recoge y custodia celosamente vello púbico del presunto sospechoso, del cual no se tiene absolutamente ninguna pista. No debemos olvidar que las autorizaciones judicialesdoctrinariamente están ubicadas fuera del consentimiento de la persona afectada (sea ésta el imputado o un tercero). En la teoría de la prueba encontramos tres niveles: en el primero ubicamos los medios probatorios que se obtienen por la práctica de diligencias que cuentan con el consentimiento del afectado y que se realizan directamente por el fiscal.
II. Tratamiento de la entrada y registro en lugar...