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Defensor dei Pueblo
REGISTRO

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Salida:

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Excmo. Sr. Ministro de Justicia:

Desde el otoño de 2012 se han recibido en el registro del
Defensor del Pueblo 3816 escritos de organizaciones y
ciudadanos expresando su rechazo a la Ley 10/2012, de 20
de noviembre, conocida como "Ley de Tasas Judiciales".Muchas de estas peticiones consisten en la solicitud a la
Defensora del Pueblo de que interponga recurso de
inconstitucionalidad.
Esta Institución, como mediadora entre los ciudadanos
y los poderes públicos en defensa del libre ejercicio de los
derechos fundamentales que les reconoce la Constitución,
tras analizar las solicitudes recibidas, examinar la reciente
doctrina constitucional sobre lamateria y estudiar los
antecedentes legislativos, en particular la Memoria de análisis
de impacto normativo del Ministerio de Justicia y los
informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo
de Estado, ha considerado oportuno, de conformidad con el
artículo 30.1 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril,
formular a V.E. las siguientes

RECOMENDACIONES


1) La dificultad deobjetivar el carácter excesivo o muy
elevado de una tasa a los efectos de formular al mismo un
reproche de inconstitucionalidad, no merma la preocupación
del Defensor del Pueblo si se diere el caso de que un
ciudadano no pudiera acceder a la jurisdicción (artículo 24.1
CE), en razón meramente de la cuantía de la tasa,

Paseo de Eduardo Dato, 31 - 28010 Madrid (España)
Tel.: ( +34) - 914327900 Fax: (+34) - 91 308 11 58

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registro@defensordelpueblo.es

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particulannente en la primera instancia civil o contencioso­
administrativa.
En efecto, la tasa variable en primera instancia civil y
contencioso administrativa podría alcanzar miles de euros,
con el límite de diez mil, en razón de la cuantía del litigio, sin
que ello signifiquenecesariamente que el ciudadano tenga la
liquidez necesaria para hacer frente a pagos de esa entidad,
aun cuando tuviere ingresos que impidan su acceso al
beneficio de justicia gratuita. El Defensor del Pueblo
considera
por
ello
que
deberían
reducirse
considerablemente las tasas de la primera instancia civil
y contencioso-administrativa, no tanto porque en
abstracto sean per se lesivasde derecho alguno, sino
porque existe un alto riesgo de que pudieran serlo en
casos individualizados.
2) Asimismo, y como caso especial, en el procedimiento
administrativo sancionador será frecuente que la tasa se
aproxime mucho al valor del litigio, y la posible condena en
costas de la Administración es tan matizada (artículo 139.1
de la Ley 29/1998: no cabe aun cuando la Administración,,~Yperdiere el proceso si existen "serias dudas de hecho o de
"'-.
derecho")
que
no
resulta
suficiente
mecanismo
compensatorio.
Por ello, se deberían eliminar las tasas establecidas en
primera instancia en el orden jurisdiccional contencioso­
administrativo cuando se enjuicien procedimientos
administrativos sancionadores.
3) El Defensor del Pueblo ha mostrado especial
sensibilidaden el último año al problema de las ejecuciones

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hipotecarias, en el contexto de la situación económica del
país. No parece que la posición jurídica del ejecutado se vea
beneficiada si ha de pagar las tasasabonadas por el
ejecutante como consecuencia de una condena en costas o ha
de abonar tasas si reconviene. Debería establecerse
también en la ejecución hipotecaria bien la exención de
tasas bien, en el caso del ejecutado, una norma que le
eximiera del abono de las costas de la parte contraria.
4) Por las mismas razones de interés social, y en el
contexto de la grave situación económica de...