Ilegalidad De Providencias: Análisis Jurisprudencial.

1. Introducción.
A lo largo de los años ha sido un punto de debate la figura de la ilegalidad de los autos proferidos por el funcionario judicial, la cual consiste en la posibilidad o facultad de este de revocar u omitir los efectos jurídicos de aquellos autos, que habiendo proferido el mismo, posteriormente considera violatorios del orden legal vigente.
En el presente trabajo se intentarádeterminar en qué medida dicha figura ha sido aceptada por la jurisprudencia colombiana a lo largo de las últimas décadas, mediante el análisis de algunas sentencias proferidas tanto por la Corte Suprema de Justicia como por la Corte Constitucional, comparando las posiciones de cada una de estas corporaciones frente a este aspecto, así como los principios constitucionales que podrían verse afectadospor su aplicación, tanto positiva como negativamente.

2. Desarrollo.

2.1. Posición de la Corte Constitucional.
La posibilidad de que un juez pueda revocar su propia providencia plantea múltiples incertidumbres en materia de garantía de principios tales como la seguridad jurídica, el debido proceso, la cosa juzgada, entre otros. Primero que todo, vale aclarar que esta es una figura que enninguna manera se encuentra positivizada dentro del ordenamiento jurídico colombiano, pues ni nuestro Código de Procedimiento Civil, ni ninguna otra norma hace referencia a ella. Su origen entonces no se encuentra en la Ley, sino en el desarrollo académico tanto de la doctrina como de la jurisprudencia.
Ahora bien, lo anterior no quiere decir que en Colombia los jueces sean libre de proferir autossin tener que respetar ningún límite legal, pues como sabemos, nuestro artículo 230 constitucional somete a los jueces al imperio de la Ley, así como el articulo 29 Ibídem consagra el derecho al Debido Proceso y en general nuestro ordenamiento es un desarrollo del Principio de Legalidad, “que impide a las autoridades, en general, y a la judiciales, en particular, actuar por fuera de los poderes ydeberes que la ley les han señalado y, de otra, en el carácter vinculante de las providencias judiciales.”
Sin embargo, la figura que materializa la protección al debido proceso es sin lugar a duda la de la nulidad procesal, contenida en los artículos 140 y siguientes del C.P.C. los cuales contienen las causales por la cuales son anulables los actos procesales y el proceso como tal. Al respectonos dice la Corte Constitucional, en sentencia T-289 de 1995 que: “En punto a nulidades procesales, el sistema jurídico colombiano establece que ellas no pueden existir sin que previamente se encuentren tipificadas en una norma. Ha sido jurisprudencia reiterada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia desde 1954, que las causales de nulidad son taxativas y no son susceptiblesdel criterio de analogía en su interpretación y aplicación (véanse, entre otras, las sentencias de noviembre 22 de 1954, agosto 22 de 1974, abril 1° de 1977, junio 28 de 1979, etc.).”
De lo anterior podríamos concluir que los efectos jurídicos de una providencia, solo podrían ser atacados con fundamento a una de esas causales taxativas de nulidad, lo que plantea el interrogante de ¿Cómo podríaentonces fundamentarse el hecho de que el juez realice una valoración discrecional de la ilegalidad de un auto, sin tener como causa de ella uno de los supuestos que explícitamente consagra la ley? Pues ciertamente es por este razonamiento que a lo largo de los años la Corte Constitucional ha tenido serias reservas frente a la aplicación de la figura objeto de análisis en este trabajo, tal comopodemos observar, por ejemplo, cuando afirma que: “Es bien sabido que en aras de la seguridad procesal, la ley, en principio, no permite que los autos puedan modificarse de oficio. Lo máximo que el funcionario puede hacer, es proceder a su reforma siempre y cuando haya mediado recurso de reposición o solicitud de aclaración. Del inciso segundo del artículo 309 del Código de Procedimiento Civil,...