Ivo Gagliuffi Piercechi

LA EVALUACIÓN DE LAS CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS
BAJO LA REGLA PER SE O LA REGLA DE LA RAZÓN
IVO GAGLIUFFI PIERCECHI♦
Resumen
El presente artículo efectúa un análisis de la aplicación de las denominadas regla per se y regla de la razón, a la evaluación de prácticas
anticompetitivas, haciendo especial referencia a la jurisprudencia
desarrollada en el Perú. La experiencia peruana demuestra que laautoridad de competencia, durante los últimos años, no ha mantenido
un criterio uniforme sobre la aplicación de dichas reglas, problema
que ha buscado ser subsanado a partir de la reciente aprobación del
artículo 10.4 del Decreto Legislativo 1034, el mismo que detalla qué
tipo de prácticas deberán ser analizadas a partir de la regla per se.
El régimen económico consagrado en la Constitución Políticade 1993
establece claramente que el rol del Estado dentro de una Economía Social de
Mercado1 debe limitarse a la facilitación y vigilancia de la libre competencia, así
como a estimular y garantizar la libertad de empresa, pudiendo intervenir sólo para

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Socio de Lazo, De Romaña & Gagliuffi Abogados.

Sobre la caracterización del régimen de economía social de mercado adoptado por el Estadoperuano, Hartwig señala que: “... el elemento central es la idea de que sólo un ordenamiento
de mercado con libre competencia en todos los mercados y con libre observancia de precios,
permite el mejor abastecimiento de todos los agentes del mercado y por ello también fomenta
el bienestar general”. Hartwig (1991) p. 30.
Por su parte, Lazarte señala que: “… en una economía social de mercado, se leatribuye al
Gobierno la función de corregir los resultados del mercado en aras de mantener un mínimo
de bienestar general sin atentar contra los mecanismos mediante los cuales funciona éste.
(…) un sistema económico social de mercado se rige por principios liberales propios de una
economía capitalista, tales como (i) la libre iniciativa privada, que permite al sector privado
desarrollar en elmercado las actividades económicas de su preferencia; y, (ii) la actividad
empresarial subsidiaria del Gobierno, en virtud de la cual el Gobierno debe limitarse a
intervenir en aquellos sectores en los que el sector privado carezca de interés o le resulte
imposible”. Lazarte (2003) p. 82.
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Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual Nº 12

realizar subsidiariamente actividadempresarial y autorizado por ley expresa, lo cual
se desprende de una lectura sistemática de sus artículos 59º a 61º 2.
En tal sentido, el Artículo 4º del Decreto Legislativo N° 757, Ley Marco para el
crecimiento de la Inversión Privada, señala expresamente que la libre competencia
implica que los precios en la economía resultan de la oferta y la demanda, de
acuerdo con el respeto a la libre iniciativaprivada y empresarial, así como con las
políticas de competencia consagradas en la Constitución Política y la legislación de
la materia3.
De este modo, la libre competencia se constituye como un bien jurídico cuya
promoción y protección resultan absolutamente necesarios para que, en mérito a
la competencia, los agentes económicos asignen de la manera más eficiente los
recursos, reflejándose ello enla colocación de los respectivos productos y servicios
en el mercado bajo las mejores condiciones a favor de los consumidores o usuarios4.


Constitución Política de 1993.
“Artículo 59º.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo
y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser
lesivo a la moral, ni a la salud, ni ala seguridad pública. El Estado brinda oportunidades
de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las
pequeñas empresas en todas sus modalidades”.
“Artículo 60º.- El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se
sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa.
Sólo autorizado por ley expresa, el Estado...