Jurisprudencia del poder publico
Páginas: 24 (5870 palabras)
Publicado: 10 de marzo de 2011
SALA CONSTITUCIONAL
MAGISTRADO PONENTE: ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA
El 23 de octubre de 2001 fue recibido en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, proveniente del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y el Distrito Arisméndi del Estado Barinas, el oficio Nº 732 del 16 de octubre de2001, por el cual se remitió el expediente Nº 1768 (nomenclatura de ese tribunal), contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta, el 28 de septiembre de 2001, por el Instituto Autónomo de Salud del Estado Apure, mediante la representación de la abogada YASMÍN SOLANGEL YEJAN MONTEVERDE, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 45.291, en su carácter de Procuradora General del EstadoApure, contra la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2001 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure.
Dicha remisión obedece al recurso de apelación ejercido, el 11 de octubre de 2001, por el abogado Luis Manuel Almeida Palacios, con el carácter de Juez Segundo de Primera Instanciaen lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, contra la decisión dictada el 8 de octubre de 2001, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, que declaró con lugar la acción de amparo interpuesta.
En esa misma oportunidad se dio cuenta en Salay se designó ponente al Magistrado Antonio J. García García, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
Efectuado el estudio individual del expediente, esta Sala procede a decidir, previas las siguientes consideraciones:
I
FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN
Señaló la accionante que su representada fue demandada por la ciudadana María del Valle Escobar, por el pago de prestaciones sociales.Que, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure declaró con lugar la demanda en cuestión y, en consecuencia, dictó mandamiento de ejecución sobre bienes muebles por la cantidad de cinco millones ochocientos treinta mil setecientos cincuenta y un bolívares con noventa y tres céntimos (Bs.5.830.751,93) que correspondía al monto de cuatro millones doscientos setenta y cuatro mil ochocientos setenta y cinco bolívares con cuarenta céntimos (Bs. 4.274.875,40) más los intereses, medida que fue ejecutada el 27 de septiembre de 2001 por el Juzgado Ejecutor de los Municipios San Fernando y Biruaca de la Circunscripción Judicial del Estado Apure.
En razón de ello, la accionante consideró queel Tribunal agraviante violó expresamente las disposiciones legales contenidas en los artículos 314 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el artículo 42 de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario, relativos al principio de legalidad presupuestaria, así como los derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa y a la igualdad, establecidos en los artículos 49 y21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto su representada, por ser un Instituto Autónomo estadal cuyo patrimonio estaba conformado, entre otros, por recursos provenientes del erario público, no podía ser objeto de embargo.
Por lo expuesto, solicitó se declarase con lugar la acción de amparo interpuesta y se decretase una medida cautelar innominada de conformidadcon lo establecido en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, para suspender los efectos de la sentencia accionada.
II
DE LA SENTENCIA APELADA
Mediante sentencia del 8 de octubre de 2001, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Apure declaró con lugar la acción de amparo constitucional,...
MAGISTRADO PONENTE: ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA
El 23 de octubre de 2001 fue recibido en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, proveniente del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y el Distrito Arisméndi del Estado Barinas, el oficio Nº 732 del 16 de octubre de2001, por el cual se remitió el expediente Nº 1768 (nomenclatura de ese tribunal), contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta, el 28 de septiembre de 2001, por el Instituto Autónomo de Salud del Estado Apure, mediante la representación de la abogada YASMÍN SOLANGEL YEJAN MONTEVERDE, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 45.291, en su carácter de Procuradora General del EstadoApure, contra la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2001 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure.
Dicha remisión obedece al recurso de apelación ejercido, el 11 de octubre de 2001, por el abogado Luis Manuel Almeida Palacios, con el carácter de Juez Segundo de Primera Instanciaen lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, contra la decisión dictada el 8 de octubre de 2001, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, que declaró con lugar la acción de amparo interpuesta.
En esa misma oportunidad se dio cuenta en Salay se designó ponente al Magistrado Antonio J. García García, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
Efectuado el estudio individual del expediente, esta Sala procede a decidir, previas las siguientes consideraciones:
I
FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN
Señaló la accionante que su representada fue demandada por la ciudadana María del Valle Escobar, por el pago de prestaciones sociales.Que, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure declaró con lugar la demanda en cuestión y, en consecuencia, dictó mandamiento de ejecución sobre bienes muebles por la cantidad de cinco millones ochocientos treinta mil setecientos cincuenta y un bolívares con noventa y tres céntimos (Bs.5.830.751,93) que correspondía al monto de cuatro millones doscientos setenta y cuatro mil ochocientos setenta y cinco bolívares con cuarenta céntimos (Bs. 4.274.875,40) más los intereses, medida que fue ejecutada el 27 de septiembre de 2001 por el Juzgado Ejecutor de los Municipios San Fernando y Biruaca de la Circunscripción Judicial del Estado Apure.
En razón de ello, la accionante consideró queel Tribunal agraviante violó expresamente las disposiciones legales contenidas en los artículos 314 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el artículo 42 de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario, relativos al principio de legalidad presupuestaria, así como los derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa y a la igualdad, establecidos en los artículos 49 y21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto su representada, por ser un Instituto Autónomo estadal cuyo patrimonio estaba conformado, entre otros, por recursos provenientes del erario público, no podía ser objeto de embargo.
Por lo expuesto, solicitó se declarase con lugar la acción de amparo interpuesta y se decretase una medida cautelar innominada de conformidadcon lo establecido en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, para suspender los efectos de la sentencia accionada.
II
DE LA SENTENCIA APELADA
Mediante sentencia del 8 de octubre de 2001, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Apure declaró con lugar la acción de amparo constitucional,...
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