Jurisprudencia

Exp: 10-009929-0007-CO
Res. Nº 2010017907
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas y siete minutos del veintisiete de octubre del dos mil diez.
Consulta judicial facultativa formulada por el Juzgado Penal Juvenil del Primer Circuito Judicial de San José, mediante resolución de las siete horas treinta y cinco minutos del veintiocho de junio del dos mildiez, dictada dentro del expediente número 08-002339-0623-PJ que es causa por el delito de homicidio simple seguida contra A.S.L. Intervinieron en representación de la Procuraduría General de la República, el Procurador General Adjunto, Ricardo Vargas Vásquez; en representación de la Fiscalía General de la República, el Fiscal Adjunto de la Fiscalía General de la República, Juan Carlos CubilloMiranda y el Fiscal Coordinador de la Oficina de Atención y Protección a Víctimas, Testigos y demás intervinientes en el proceso penal, Róger Mata Brenes e Irene Aguilar Alvarado en su condición de querellante en el asunto base.
Resultando:
1.-
Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las dieciséis horas treinta minutos del veintitrés de julio del dos mil diez, y con fundamento en losartículos 8, inciso 1), de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 2, inciso b); 3, 13, 102 y 104 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el despacho consultante solicita a esta Sala que se pronuncie sobre la constitucionalidad de los artículos 204 bis y 304 del Código Procesal Penal, por considerar que podrían infringir lo dispuesto en los artículos 21 y 39 de la Constitución Política que consagranel derecho a la vida y el derecho de defensa del imputado. Formula la consulta dentro del expediente número 08-2339-0623-PJ, que se tramita contra A.S.L. por el delito de homicidio cometido en perjuicio de D.J.R.A. Afirma que previo a iniciar el debate, la representación fiscal solicitó que en virtud de lo dispuesto en los artículos 204 bis, 304 y 2 del Código Procesal Penal, se mantuviera laprotección procesal de los testigos, que no fue ordenada por el juez penal juvenil sino por el juez penal de adultos, dado que existen varios imputados. La defensa indicó que mantener la protección procesal hasta sentencia firme implica un retroceso en el tema de los derechos humanos y propiamente en cuanto al derecho de defensa, por cuanto implica una asimetría de poder, dado que el imputado noconocería la totalidad de la prueba en su contra, no sabría quiénes lo acusan y no se sometería realmente la prueba a un contradictorio bajo las reglas de la inmediación, ya que no se le permitiría al imputado participar de un interrogatorio, conocer las condiciones particulares del testigo, ni apreciar el lenguaje no verbal, pues los datos de identificación no solo se le niegan al imputado, sinotambién al defensor, con lo cual se vulnera además el derecho a la defensa técnica. De ahí, surge la duda de la juzgadora en cuanto a las normas referidas, en relación con lo dispuesto en el artículo 39 de la Constitución Política, que garantiza el libre ejercicio de la defensa por parte del imputado. Afirma que los artículos 204 bis y 304 se contradicen entre sí, puesto que en el primero se indica quela protección de la identidad física del testigo se puede prolongar por el tiempo necesario en atención al tipo de riesgo, con excepción de la etapa de juicio y el artículo 304 establece que la protección acordada puede continuar hasta sentencia firme. Considera que mantener en reserva la identidad del testigo hasta sentencia firme podría vulnerar el principio de defensa. Además señala que laobligación de confidencialidad que se establece respecto del defensor implicaría también un quebranto a dicho principio, porque se le daría información al abogado defensor que no podría utilizar en beneficio de su representado, siendo obligación legal y ética de éste, proceder en defensa de los intereses de su representado.
2.-
En atención al emplazamiento conferido a las partes dentro del...