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¿Estado de derecho a la carta? | Opinión | EL PAÍS

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OPINIÓN
TRIBUNA

¿Estado de derecho a la carta?
El Tribunal Supremo pretendió hacer justicia a través de la ‘doctrina Parot’
TOMÁS S. VIVES ANTÓN

Archivado en:
España

26 OCT 2013 - 00:01 CET

Opinión

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La reciente sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el
caso Del Río v. España, que declara contraria a los artículos 7 (principio delegalidad penal) y
5 (legalidad de la detención) del Tratado de Roma la llamada doctrina Parot,ha sido objeto de
un recibimiento hostil por parte de nuestros políticos.
Todos nuestros políticos parecen lamentarla, aunque reconocen que el Estado español está
obligado a cumplirla. La alegría con que fue recibida la susodicha doctrina y lo mucho que
fue ensalzada no permitían esperar otra cosa.¡Por fin!, parecían pensar sus defensores, ¡por
encima de la tosca letra de la ley el Tribunal Supremo había encontrado un brillante modo de
hacer justicia!
Justamente eso, que el Tribunal Supremo se había situado por encima de la ley, es lo que en
definitiva afirma el Tribunal de Estrasburgo y, consecuentemente, ha anulado las
resoluciones que afirman o toleran esa ilegitima doctrina.
Dicho deotro modo, lo que el Tribunal Europeo afirma por unanimidad es que la decisión que
aplicó tal doctrina era (razonablemente) imprevisible, esto es, contraria a las exigencias
materiales de legalidad, y que, por eso, la demandante de amparo estuvo detenida
indebidamente desde el 3 de junio de 2008 hasta el 23 de octubre de 2013, en que ha sido
puesta en libertad.
La irregularidad, es decir, lainconstitucionalidad, de esa detención es difícilmente discutible.
Según el texto de la ley vigente cuando se cometieron los delitos por los que fue juzgada la
demandante, una vez aplicados los límites legales a la duración de las penas impuestas (30
años o el triplo de la más grave), las demás penas debían dejarse de extinguir por el reo,
esto es, considerarse extinguidas. Proyectar sobreellas los beneficios penitenciarios fue
tanto como hacer revivir, contra el texto expreso de la ley, unas penas que ya estaban
muertas. Así se ha entendido y aplicado ese texto durante más de 100 años (desde 1870).
Por eso lo único que cabía esperar razonablemente era que el Tribunal Supremo así lo
declarase y no que, a posteriori, entendiese que la legislación vigente al tiempo de los
hechosdecía algo distinto de lo que efectivamente había dicho en ese tiempo.
Quienes combaten la sentencia no argumentan contra ella,
En vez de criticar
seguramente porque es muy difícil hacerlo con éxito: la tesis
un procedimiento
defensiva del Estado español (que las reglas que determinan la
ilegítimo se
duración legal de la pena impuesta son un mero problema de
política criminal en laejecución) es, a simple vista, indefendible. Por cuestiona a un
eso, en vez de argumentar, suelen remitir, a un relato que obedece a magistrado español
una lógica singular. La sentencia no se ha dictado por las razones
que la avalan, sino por culpa de una astuta maniobra ¡cómo no! de
Zapatero. Según ese relato, Zapatero en el curso de las negociaciones con ETA para que
dejaran la lucha armada habríaprometido que, si lo hacían, anularía la doctrina Parot; y,
aunque no dejaron entonces la lucha armada, por lo que la supuesta promesa no tenía por
qué cumplirse, al haberse acabado esa lucha, se sintió obligado a hacerla efectiva. Lo más

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