La Injusticia De La Haya
Páginas: 6 (1365 palabras)
Publicado: 11 de diciembre de 2012
¿Qué hacer ante la injusticia de la Haya?
Juan David García Vidal
El 19 de noviembre de 2012 no será recordado como un buen día ni para el Derecho Internacional ni para la Corte Internacional de Justicia (CIJ), al haber proferido ésta una deplorable sentencia de fondo en el litigio sobre límites marítimos entre Nicaragua y Colombia, fundamentada en muy discutibles interpretacionesjurídicas que conducen a despojar a Colombia de alrededor de 80 mil kilómetros cuadrados de invaluables áreas marinas y submarinas.
Aunque la decisión de la Corte no fue tan adversa a los intereses de Colombia como lo pedía Nicaragua, lo cierto es que se trata de un fallo con una muy pobre argumentación jurídica, plagado de contradicciones y basado en las etéreas, manipulables, arbitrarias y subjetivasconsideraciones de “equidad” y “proporcionalidad” para trazar una línea limítrofe entre Colombia y Nicaragua. Un claro ejemplo de la escasa argumentación jurídica de la Corte en este fallo, tiene que ver con la aplicación de la Convención del Mar de 1982 (de la cual Colombia no es parte) por la vía de la costumbre, sin detenerse a explicar ni a analizar a fondo los elementos objetivos (práctica) ysubjetivos (conciencia de obligatoriedad u opinio juris) por parte de Colombia, desconociendo así el principio de Derecho Internacional según el cual “un tratado o convención no crea obligaciones ni derechos para un tercer Estado sin su consentimiento (explicito o implícito)”.
Además, llama la atención que la Corte le hubiese reconocido soberanía a Colombia sobre las islas y cayos delarchipiélago de San Andrés únicamente por razones de effectivité (el ejercicio de actos soberanos de administración sobre tales territorios), pero esas mismas razones no fueron tenidas en cuenta por la misma Corte para efectos de trazar los límites marítimos, lo cual demuestra la incoherencia, la selectividad y la arbitrariedad de sus razonamientos en este caso. La Corte tampoco explicó en profundidadcon qué criterios jurídicos desconoció el uti possidetis juris, en virtud del cual Colombia ejercía soberanía pública, pacífica e ininterrumpida desde hace más de 200 años en las áreas terrestres y marinas del archipiélago de San Andrés.
Por si fuera poco, la Corte pudo haber incurrido en un abuso de poder al decidir sobre una materia que ya estaba definida por el tratado Esguerra-Bárcenas de1928, mediante el cual Colombia cedió a Nicaragua su histórica soberanía sobre la costa Mosquitos y las islas Mangle grande y Mangle chico, mientras que Nicaragua reconoció la soberanía de Colombia sobre el Archipiélago de San Andrés con todo lo que este comprende. Lo más grave es que la Corte desconoció que dicho tratado fue completado por el “acta de canje de ratificaciones” de 1930, que establecióel meridiano 82 de Greenwich como el límite del Archipiélago de San Andrés, con lo cual dicho meridiano quedó acordado, por Colombia y Nicaragua, como un límite marítimo intangible y definitivo; aunque la Corte y sus adláteres digan que no es un tratado de límites por no tener una demarcación detallada y basada en accidentes geográficos como a ellos les gusta.
Ahora bien, ¿Qué debería hacer elgobierno colombiano ante semejante decisión, obligatoria, definitiva, vinculante e inapelable, de la más alta autoridad judicial de las Naciones Unidas?
¿No acatar la sentencia? Esta posición, muy popular en Colombia y mezclada con sentimientos nacionalistas, se sustenta en muy discutibles argumentos jurídicos, políticos y estratégicos. Desde el punto de vista jurídico los defensores de estalínea de acción sostienen que el fallo es nulo porque la Corte se extralimitó en sus funciones al decidir sobre una demarcación limítrofe que ya estaba definida en el Tratado Esguerra-Bárcenas. Además, algunos dicen que el desacato, con razones jurídicas, por parte de varios países a fallos de la Corte puede estar configurando una norma de costumbre internacional in statu nascendi (en gestación),...
Juan David García Vidal
El 19 de noviembre de 2012 no será recordado como un buen día ni para el Derecho Internacional ni para la Corte Internacional de Justicia (CIJ), al haber proferido ésta una deplorable sentencia de fondo en el litigio sobre límites marítimos entre Nicaragua y Colombia, fundamentada en muy discutibles interpretacionesjurídicas que conducen a despojar a Colombia de alrededor de 80 mil kilómetros cuadrados de invaluables áreas marinas y submarinas.
Aunque la decisión de la Corte no fue tan adversa a los intereses de Colombia como lo pedía Nicaragua, lo cierto es que se trata de un fallo con una muy pobre argumentación jurídica, plagado de contradicciones y basado en las etéreas, manipulables, arbitrarias y subjetivasconsideraciones de “equidad” y “proporcionalidad” para trazar una línea limítrofe entre Colombia y Nicaragua. Un claro ejemplo de la escasa argumentación jurídica de la Corte en este fallo, tiene que ver con la aplicación de la Convención del Mar de 1982 (de la cual Colombia no es parte) por la vía de la costumbre, sin detenerse a explicar ni a analizar a fondo los elementos objetivos (práctica) ysubjetivos (conciencia de obligatoriedad u opinio juris) por parte de Colombia, desconociendo así el principio de Derecho Internacional según el cual “un tratado o convención no crea obligaciones ni derechos para un tercer Estado sin su consentimiento (explicito o implícito)”.
Además, llama la atención que la Corte le hubiese reconocido soberanía a Colombia sobre las islas y cayos delarchipiélago de San Andrés únicamente por razones de effectivité (el ejercicio de actos soberanos de administración sobre tales territorios), pero esas mismas razones no fueron tenidas en cuenta por la misma Corte para efectos de trazar los límites marítimos, lo cual demuestra la incoherencia, la selectividad y la arbitrariedad de sus razonamientos en este caso. La Corte tampoco explicó en profundidadcon qué criterios jurídicos desconoció el uti possidetis juris, en virtud del cual Colombia ejercía soberanía pública, pacífica e ininterrumpida desde hace más de 200 años en las áreas terrestres y marinas del archipiélago de San Andrés.
Por si fuera poco, la Corte pudo haber incurrido en un abuso de poder al decidir sobre una materia que ya estaba definida por el tratado Esguerra-Bárcenas de1928, mediante el cual Colombia cedió a Nicaragua su histórica soberanía sobre la costa Mosquitos y las islas Mangle grande y Mangle chico, mientras que Nicaragua reconoció la soberanía de Colombia sobre el Archipiélago de San Andrés con todo lo que este comprende. Lo más grave es que la Corte desconoció que dicho tratado fue completado por el “acta de canje de ratificaciones” de 1930, que establecióel meridiano 82 de Greenwich como el límite del Archipiélago de San Andrés, con lo cual dicho meridiano quedó acordado, por Colombia y Nicaragua, como un límite marítimo intangible y definitivo; aunque la Corte y sus adláteres digan que no es un tratado de límites por no tener una demarcación detallada y basada en accidentes geográficos como a ellos les gusta.
Ahora bien, ¿Qué debería hacer elgobierno colombiano ante semejante decisión, obligatoria, definitiva, vinculante e inapelable, de la más alta autoridad judicial de las Naciones Unidas?
¿No acatar la sentencia? Esta posición, muy popular en Colombia y mezclada con sentimientos nacionalistas, se sustenta en muy discutibles argumentos jurídicos, políticos y estratégicos. Desde el punto de vista jurídico los defensores de estalínea de acción sostienen que el fallo es nulo porque la Corte se extralimitó en sus funciones al decidir sobre una demarcación limítrofe que ya estaba definida en el Tratado Esguerra-Bárcenas. Además, algunos dicen que el desacato, con razones jurídicas, por parte de varios países a fallos de la Corte puede estar configurando una norma de costumbre internacional in statu nascendi (en gestación),...
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