la perla

LA DEMANDA

Bajo la égida de la causal primera de casación prevista en el artículo 207 de la Ley 600 de 2000, el actor formula un único cargo contra el fallo impugnado por violación indirecta de la ley sustancial, derivada de un error de derecho por falso juicio de legalidad.

Considera el demandante que el yerro se produjo por otorgarle mérito persuasivo a una prueba allegada sin elcumplimiento de los requisitos formales exigidos por la ley “específicamente por cuanto condenó al señor Herney Villada Montoya con fundamento en un acto policivo que a pesar de que se pretende configurar como registro voluntario, todos los elementos de juicio evidencian que se trató de un allanamiento y por lo tanto debió practicarse obedeciendo el marco legal establecido”.
Luego de transcribir inextenso algunos criterios doctrinales y jurisprudenciales acerca de las consecuencias que acarrea la prueba ilegal, el impugnante refiere al acto por cuyo medio los uniformados penetraron en la morada del procesado, procedimiento que se llevó a cabo, agrega, sin el cumplimiento de los requisitos que estructuran la diligencia de allanamiento.

Señala el casacionista que si bien se estaba frente auna situación de flagrancia permanente, ella exigía el condicionamiento de la percepción ex ante y no ex post situación que, por no haberse presentado, obligaba a los uniformados a cumplir con los requisitos para que fuera viable la diligencia de allanamiento, previstos en el artículo 294 del estatuto procesal penal “cuales son la orden en providencia motivada y expedida por funcionario judicial”.Tal percepción, en su sentir, exigía la existencia de un soporte investigativo válido y con capacidad de demostrar la información suministrada, en este caso indicativo de la permanencia de la sustancia estupefaciente en el inmueble que servía de residencia al sindicado, de modo que “tal información en primera instancia debe ser corroborada mediante el seguimiento, la observación de la venta ola percepción de particularidades que indiquen la conservación de la materia ilegal en el inmueble, con medios probatorios idóneos, es decir mediante el despliegue de una real labor de inteligencia policiva”, vale decir, que la situación de flagrancia fuera percibida con anterioridad.

Si no se desarrollan tales labores de investigación, añade, es necesario que las autoridades cuenten conautorización judicial motivada para proceder al allanamiento, porque el Estado no puede penetrar a las viviendas de las personas con base en una o varias llamadas telefónicas, en tanto puede tratarse de informaciones con ánimo malintencionado. En esa medida, no resulta de recibo lo plasmado en el informe de aprehensión sobre el movimiento anormal de personas y del morador en la vivienda, pues de habersido así, no se explica la razón por la cual no se le hubiera capturado en el preciso momento en que comerciaba la droga.

De otra parte, el demandante expresa su disentimiento frente a la tesis esbozada por los juzgadores en el sentido de que el procesado otorgó consentimiento para el registro del inmueble, pues esa aquiescencia se dió viciada por la fuerza y el miedo que sintió “por lasola presencia de tres personas armadas, representantes de la fuerza pública”; además, dicho requerimiento en momento alguno tuvo como objetivo el registro de la vivienda, como lo sostuvo el procesado en su indagatoria.

En todo caso, añade, la percepción ex ante a la que se ha referido, también es necesaria para el registro voluntario, de suerte que el simple consentimiento del morador no essuficiente para autorizar el ingreso de la fuerza pública a un inmueble privado.

Acto seguido, el censor indica que como los miembros de la fuerza pública procedieron sin orden escrita de autoridad judicial competente “lo que se dio entonces fue una penetración o registro irregulares que estructuraron un acto de allanamiento de iniciativa policiva con desconocimiento y atropello de todo...