legal
Páginas: 32 (7875 palabras)
Publicado: 25 de noviembre de 2013
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Expediente N° 13-0024
El 7 de enero de 2013, mediante Oficio n.° 426/2012 del 14 de diciembre de 2012, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, remitió el expediente contentivo de la “acción de protección de derechos e interesescolectivos y difusos” ejercida por el ciudadano FRANCISCO ANTONIO FERRER RANGEL, titular de la cédula de identidad n.° 10.365.073, actuando en su propio nombre y en su condición de “diputado del Consejo Legislativo del Estado Yaracuy”, contra la empresa CORPOELEC YARACUY, adscrita al Ministerio del Poder Popular de Energía Eléctrica.
El 15 de enero de 2013, se dio cuenta en Sala y se designóponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
I
ANTECEDENTES
El 12 de diciembre de 2012, el ciudadano Francisco Antonio Ferrer Rangel, titular de la cédula de identidad n.° 10.365.073, actuando en su propio nombre y en su condición de “diputado del Consejo Legislativo del Estado Yaracuy”, interpuso acción de amparo constitucionalcontra la empresa CORPOELEC YARACUY, adscrita al Ministerio del Poder Popular de Energía Eléctrica, por la “violación de los derechos colectivos correspondientes a la igualdad ante la ley, el debido proceso y el acceso a una vivienda adecuada con servicios públicos, consagrados en los artículos 21, 49 y 82 de la Constitución vigente”, por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil,Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy.
Mediante sentencia del 14 de diciembre de 2012, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy -previa distribución de la causa-, se declaró incompetente para conocer de la acción de autos y declinó la competencia a la Sala Constitucional delTribunal Supremo de Justicia.
II
DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL
La parte accionante expuso como fundamento de su pretensión, lo siguiente:
Que al efecto fundamentó la legitimidad para la interposición de la presente acción en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para la protección de los derechos colectivos y difusos dela colectividad por la afectación de la calidad de vida por el acceso al servicio eléctrico.
Al respecto, alega que “(…) esta injusta política de recargos, sanciones, multas o aumento en las tarifas simulados a través de la figura (Con el fin de promover el Uso Racional y Eficiente de la Energía), se está desarrollando en medio de una decretada crisis eléctrica que en la práctica setraduce en un deterioro en el servicio que le causa perjuicios al usuario por la interrupción del suministro eléctrico bien sea por vía de racionamiento programado o por apagones imprevistos”.
Que “(…) los afectados no tienen la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa y justificar en cualquier caso algún aumento del consumo y la imposibilidad de disminuirlo”.
Que“[e]xisten condiciones objetivas que no son valoradas a la hora de aplicar los criterios contenidos en la Resolución Número 74 emitida por el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica (MPPEE) en Gaceta Oficial N° 39.694 del 13 junio de 2011 y sus modificaciones contempladas en la Resolución 80”.
Que “(…) según un estudio realizado a nivel nacional se ubicó el promedio deconsumo por estados; en este sentido Corpoelec a través del Ministerio de Energía Eléctrica determinó para Yaracuy unos bloques de consumo de 500 kilovatios hora. Fueron igualados éstos máximos con los de la zona Andina que es una zona de temperaturas menos cálidas que las de Yaracuy”.
Aduce que el derecho a la igualdad, establecido en el artículo 21 de la Constitución de la...
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Expediente N° 13-0024
El 7 de enero de 2013, mediante Oficio n.° 426/2012 del 14 de diciembre de 2012, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, remitió el expediente contentivo de la “acción de protección de derechos e interesescolectivos y difusos” ejercida por el ciudadano FRANCISCO ANTONIO FERRER RANGEL, titular de la cédula de identidad n.° 10.365.073, actuando en su propio nombre y en su condición de “diputado del Consejo Legislativo del Estado Yaracuy”, contra la empresa CORPOELEC YARACUY, adscrita al Ministerio del Poder Popular de Energía Eléctrica.
El 15 de enero de 2013, se dio cuenta en Sala y se designóponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
I
ANTECEDENTES
El 12 de diciembre de 2012, el ciudadano Francisco Antonio Ferrer Rangel, titular de la cédula de identidad n.° 10.365.073, actuando en su propio nombre y en su condición de “diputado del Consejo Legislativo del Estado Yaracuy”, interpuso acción de amparo constitucionalcontra la empresa CORPOELEC YARACUY, adscrita al Ministerio del Poder Popular de Energía Eléctrica, por la “violación de los derechos colectivos correspondientes a la igualdad ante la ley, el debido proceso y el acceso a una vivienda adecuada con servicios públicos, consagrados en los artículos 21, 49 y 82 de la Constitución vigente”, por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil,Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy.
Mediante sentencia del 14 de diciembre de 2012, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy -previa distribución de la causa-, se declaró incompetente para conocer de la acción de autos y declinó la competencia a la Sala Constitucional delTribunal Supremo de Justicia.
II
DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL
La parte accionante expuso como fundamento de su pretensión, lo siguiente:
Que al efecto fundamentó la legitimidad para la interposición de la presente acción en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para la protección de los derechos colectivos y difusos dela colectividad por la afectación de la calidad de vida por el acceso al servicio eléctrico.
Al respecto, alega que “(…) esta injusta política de recargos, sanciones, multas o aumento en las tarifas simulados a través de la figura (Con el fin de promover el Uso Racional y Eficiente de la Energía), se está desarrollando en medio de una decretada crisis eléctrica que en la práctica setraduce en un deterioro en el servicio que le causa perjuicios al usuario por la interrupción del suministro eléctrico bien sea por vía de racionamiento programado o por apagones imprevistos”.
Que “(…) los afectados no tienen la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa y justificar en cualquier caso algún aumento del consumo y la imposibilidad de disminuirlo”.
Que“[e]xisten condiciones objetivas que no son valoradas a la hora de aplicar los criterios contenidos en la Resolución Número 74 emitida por el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica (MPPEE) en Gaceta Oficial N° 39.694 del 13 junio de 2011 y sus modificaciones contempladas en la Resolución 80”.
Que “(…) según un estudio realizado a nivel nacional se ubicó el promedio deconsumo por estados; en este sentido Corpoelec a través del Ministerio de Energía Eléctrica determinó para Yaracuy unos bloques de consumo de 500 kilovatios hora. Fueron igualados éstos máximos con los de la zona Andina que es una zona de temperaturas menos cálidas que las de Yaracuy”.
Aduce que el derecho a la igualdad, establecido en el artículo 21 de la Constitución de la...
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