Ley italiana

03/10/2008

La ejecución de medidas impuestas por los juzgados de menores

Tomás MONTERO HERNANZ.
Jurista del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias.
Profesor de Derecho Penitenciario en la Escuela de Práctica Jurídica de Valladolid
Diario La Ley, Nº 7026, Sección Doctrina, 3 Oct. 2008, Año XXIX, Editorial LA LEY
LA LEY 39910/2008

La Ley Orgánica 5/2000, de 12 deenero, reguladora de la responsabilidad penal
de los menores, consagra un modelo de ejecución administrativa sometida a
control judicial, atribuyendo a las Comunidades Autónomas y a las Ciudades de
Ceuta y Melilla la ejecución de las medidas adoptadas por los Jueces de
Menores (competencia administrativa) y a éstos el control de la ejecución de
dichas medidas (competencia judicial), a cuyoefecto el artículo 44 les atribuye
una serie de funciones
Disposiciones comentadas
LO 5/2000 de 12 Ene. (responsabilidad penal de los menores)
Artículo 43. Principio de legalidad.
I. INTRODUCCION
La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal
de los menores (en adelante LORPM), atribuye a las Entidades Públicas de
Protección y/o Reforma un papel destacado,refiriéndose a ellas de forma
reiterada a lo largo de su articulado.
El papel más importante de las Comunidades Autónomas se centra, sin lugar a
dudas, en la ejecución de las medidas impuestas por los Juzgados de Menores,
tal y como expresa la Ley en su exposición de motivos (1) y en el artículo 45
(2), si bien esta competencia no es exclusiva ni tampoco es absoluta.
No es exclusiva porqueexisten supuestos en que la competencia corresponde a
la Administración general del Estado o a la Administración penitenciaria (estatal
o autonómica en el caso de Cataluña). Así, la ejecución de la detención
preventiva, de las medidas cautelares de internamiento o de las medidas
impuestas en la sentencia, acordadas por el Juez Central de Menores o por la
Sala correspondiente de la AudienciaNacional, se llevará a cabo en los
establecimientos y con el control del personal especializado que el Gobierno de
la Nación ponga a disposición de la Audiencia Nacional, en su caso, mediante
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convenio con las Comunidades Autónomas (art. 54.1 LORPM, segundo párrafo,
y art. 8.2 RLORPM). Igualmente, queda fuera del ámbito competencial de las
Comunidades Autónomasla ejecución de las medidas en aquellos supuestos en
que el menor, al amparo de lo previsto en el artículo 14 de la LORPM, cumpla la
medida en un centro penitenciario, pasando a ser competente en estos casos la
Administración penitenciaria, a quien corresponderá, igualmente, la
competencia para la ejecución del resto de medidas pendientes de cumplimiento
del artículo 7.1.e) a k) de la LORPM(3) (art. 8.5 RLORPM). También
corresponderá a esta Administración la ejecución de las medidas de libertad
vigilada previstas en el artículo 10 de la LORPM, que establece reglas
especiales de aplicación y duración de las medidas (art. 10.4 LORPM y art. 8.3
RLORPM (4)).
No es absoluta porque la competencia de las Comunidades Autónomas no
abarca a la ejecución de todas las medidas, como es elcaso de las medidas de
privación del permiso de conducir ciclomotores o vehículos a motor, o del
derecho a obtenerlo, o de las licencias administrativas para caza o para cualquier
tipo de armas y la inhabilitación absoluta, previstas en los párrafos n) y ñ) del
artículo 7.1 de la LORPM, cuya ejecución corresponderá por los órganos
administrativos competentes por razón de la materia en aquelloscasos en que no
sean ejecutadas directamente por el juez de menores (art. 8.4 RLORPM (5) ).
Tampoco será competencia de las Comunidades Autónomas la ejecución de la
prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos de sus
familiares u otras personas que determine el Juez, prevista en la letra i) del
mismo artículo (6), medida que no cuenta actualmente con desarrollo...