Ley orgánica 1/1992, de 21 de febrero

Ley de Seguridad Ciudadana
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SEGURIDAD CIUDADANA. Protección de la Seguridad Ciudadana
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Jefatura del Estado
BOE 22 febrero 1992, núm. 46, [pág. 6209]

Aplicada por Orden IRP/352/2009, de 3 de julio LCAT\2009\491. [ FEV 01-10-2010] [ FEV 01-10-2010]
Desarrollada por Ley 8/2007, de 13 de junio LG\2007\234. [ FEV 12-07-2007]
EXPOSICION DE MOTIVOS.
Laprotección de la seguridad ciudadana y el ejercicio de las libertades públicas constituyen un binomio inseparable, y ambos conceptos son requisitos básicos de la convivencia en una sociedad democrática.
La Constitución (RCL 1978, 2836) , por otra parte, establece una atribución genérica de competencia al Estado en materia de seguridad pública (artículo 149.1.29ª) y, específicamente, atribuye a lasFuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, la tarea de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y de garantizar la seguridad ciudadana (artículo 104.1), afectando en su regulación al ejercicio de algunos derechos fundamentales, como el derecho a la libertad, a la libre circulación por el territorio nacional y a entrar y salir libremente de España o al derechode reunión.
Desde la promulgación de la Constitución (RCL 1978, 2836) , en un proceso ininterrumpido, las Cortes Generales han tratado de mantener un positivo equilibrio entre libertad y seguridad, habilitando a las autoridades correspondientes para el cumplimiento de sus deberes constitucionales en materia de seguridad, mediante la aprobación de Leyes Orgánicas generales como la de 1 de junio de1981, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio (RCL 1981, 1291) ; la de 1 de julio de 1985, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España (RCL 1985, 1591) , o la de 13 de marzo de 1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (RCL 1986, 788) . Asimismo, se han aprobado leyes especiales, como la de 15 de julio de 1983, Reguladora del Derecho de Reunión (RCL 1983, 1534) la de 21 de enero de1985, sobre Protección Civil (RCL 1985, 174) , o la de 25 de julio de 1989, de Bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (RCL 1989, 1659) ; incluyéndose, asimismo, medidas de prevención de la violencia en los espectáculos deportivos mediante la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte (RCL 1990, 2123 y RCL 1991, 1816) , que dedica a la materia su Título IX.
Paracompletar, sin embargo, las facultades o potestades de las autoridades actualizadas y adecuadas a la Constitución, y con la finalidad de proteger la seguridad ciudadana, se considera necesario establecer el ámbito de responsabilidad de las autoridades administrativas en materias como la fabricación, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos; concentraciones públicas en espectáculos; documentaciónpersonal de nacionales y extranjeros en España; así como regular ciertas actividades de especial interés y responsabilidad para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La consideración de fenómenos colectivos que implican la aparición de amenazas, coacciones o acciones violentas, con graves repercusiones en el funcionamiento de los servicios públicos y en la vida ciudadana determina, a su vez, lanecesidad de un tratamiento adecuado a la naturaleza de dichos fenómenos y adaptado a las exigencias constitucionales.
Con todo ello, viene a completarse, la derogación formal de la Ley de Orden Público (RCL 1959, 1055) , tan emblemática del régimen político anterior y que ha caído prácticamente en desuso, con independencia de que en varios aspectos de su articulado haya sido expresamente derogada.En el Capítulo II de la nueva Ley, se regulan las actividades relacionadas con armas y explosivos, habilitando la intervención del Estado en todo el proceso de producción y venta, así como en la tenencia y uso de los mismos, reconociendo el alcance restrictivo de las autorizaciones administrativas para ello, regulando la prohibición de ciertas armas, municiones y explosivos especialmente...