Mintzberg
La criminalidad es solo la punta del iceberg, fácil de abordar en los juzgados una vez que sale a luz. El auténtico problema es la corrupción legal, el comportamiento antisocial que se produce debajo de la superficie de la conciencia pública y por encima de la ley.Esto se ve ejemplificado en el Programa de Gobierno Agro Ingreso Seguro, en el que personas que recibieron subsidios como Federico Renjifo, presidente de Asofiduciarias, afirma que el proceso fue legal, pues obtuvo el beneficio mediante concurso publico, que la convocatoria a la que se presento para obtener el subsidio no pedía como requisito pertenecer a un sector que fuera mediano o pequeño,tampoco se exigía un mínimo de generación de empleo.[1] Esta falta de claridad permitió que 414 personas obtuvieran subsidios no reembolsables por $98.038 millones, en tanto 73.560 recibieron la misma suma ($97.799 millones). Y por Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), a 843 se les diera $96.316 millones, una suma casi igual que la que les tocó a 55.302 ($94.594 millones).[2] Lo que permiteque este tipo de programas sean usados de forma incorrecta pero sin que sus procedimientos violen la ley.
El senador Jorge Robledo, en septiembre de 2008, le expreso al entonces Ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, que el rango utilizado para definir a un mediano productor (el que posee activos agrarios entre $50 y $5.000 millones) “estaba calculado para manipular la estadística ymeter de contrabando a grandes productores como medianos”. También había expresado en el debate sobre el tema, llevado a cabo en octubre de 2009 en el Senado de la República que Arias decidió un tope de $600 millones por subsidio para riego y no estableció que por predio o familia, sino por proyecto. Esto permitió que una solo finca presentara varios proyectos. Como dijo el senador Robledo, estaba enlas normas la posibilidad legal de recibir varios subsidios por finca, una familia obtuvo $6.895 millones, otra $2.973 millones y otras cinco $8.210 millones. Además, declaró que se escogió a dedo al IICA–OEA para la selección de los agraciados, con el agravante de que por ser un organismo internacional es muy difícil que las autoridades lo investiguen.[3] Como lo manifiesta Daniel Samper...
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