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Nación | 2015/08/17 00:00
¿Es el Congresito la mejor opción para sellar los acuerdos de paz?
Más realista que el referendo, menos arriesgado que la Constituyente, y mas ortodoxo que las facultades extraordinarias.
Para terminar el proceso de paz se van a necesitar fórmulas heterodoxas. Las leyes están diseñadas para tramitar la normalidad y un acuerdo con la guerrilla es un evento que nonecesariamente está previsto. Para acabar la guerra civil entre liberales y conservadores Alberto Lleras y Laureano Gómez crearon el Frente Nacional, que funcionó para aclimatar la paz entre los partidos aunque limitaba el pluralismo y contenía restricciones a una democracia plena. Se tramitó a través del Plebiscito de 1958. 
La paz con el M-19 se consolidó en la Constituyente del 91, una alternativaexpresamente prohibida en la Carta vigente entonces, la del 86. La opción se hizo posible gracias a la séptima papeleta (un mecanismo informal) y a un forzado (pero afortunado) fallo a favor de la Corte Suprema. El presidente de entonces, César Gaviria, la llamó "extra constitucional", un eufemismo necesario para evitar tener que admitir que se violaba la Constitución para hacer posible laincorporación del M-19 a la política legal.

Si se llega a un pacto con las FARC se necesitarán alternativas imaginativas desde el punto de vista normativo. En materia de justicia, ya sabemos, se impondrá un régimen que se apartará de lo que está establecido en el código penal. Y en el campo político se van a requerir opciones que puedan darle curso a lo pactado. En especial, a lo que requiera reformaslegales o constitucionales. Dejar esa legislación en manos del Congreso reabriría el debate sobre materias previamente acordadas entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Eso le daría un carácter provisional a las negociaciones de La Habana y los pospondría hasta que el paquidérmico Congreso cumpla sus eternos y complejos procedimientos. 
Las FARC no van a firmar un pacto con Humberto de la Callepara que después la última palabra la tenga la bancada uribista. Ni siquiera, los Roy Barreras y Horacio Serpa que han defendido los diálogos en el Congreso. No se trata de abrir otra deliberación, por parte de la clase política, de los acuerdos ya logrados en las largas conversaciones habaneras.

Las necesidades legislativas que enfrentará el proceso de paz, una vez se alcance un acuerdo final,son dos: la refrendación y la aprobación de reformas a las normas existentes. A veces se confunden, pero son muy distintas. La refrendación ha sido una obsesión de Juan Manuel Santos desde que se inició el proceso y está contemplada en la agenda de La Habana. Es el último punto del Marco General Para La Terminación del Conflicto, aunque los detalles -fórmulas, plazos, etc.- deben salir de la mesade negociadores del gobierno y de las FARC. Se trata de una refrendación política: Santos se ha comprometido a no imponerles a los ciudadanos que han estado dentro de la legalidad, pactos que se alcancen con quienes han estado en la ilegalidad. Refrendación significa darles a los acuerdos una base de legitimidad y una fortaleza política.

Otra cosa muy distinta es cómo hacer las nuevas leyes o lasreformas constitucionales que se requieran para llevar a la práctica lo pactado en La Habana. Algunos de los temas incluidos en los puntos ya acordados sobre participación política, o los que faltan por concertarse sobre justicia transicional, necesitan de leyes para poderse implementar. Y este trabajo legislativo no debería ser muy largo. Con la firma de los acuerdos, mientras se hacen lasnormas necesarias, el país y las FARC van a quedar en un limbo de difícil manejo. La guerrilla puede estar concentrada en algunos lugares claramente delimitados. Pero aún así, que las fuerzas armadas y los jueces no puedan actuar contra quienes aún no tienen resuelta su situación jurídica se puede prestar para continuos incidentes. Para las FARC tampoco va a ser aceptable que pase mucho tiempo antes...