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Resumen:

“… es necesario precisar que en cuanto a la expedición del acto de acatamiento o no de la orden de reintegro – emitida por funcionarios judiciales que al parecer no tuvieron en cuenta los límites en el presupuesto de gastos impuestos a las Asambleas Departamentales por la ley 617 del 2.000 -, la competencia radica en la Asamblea Departamental, órgano que por tener, a términos delartículo 299 de la Carta, desarrollado por el artículo 110 del decreto 111 de 1.996 (Estatuto Orgánico del Presupuesto) – aplicable a nivel territorial según lo dispuesto en el artículo 109 ibídem -, autonomía administrativa y presupuesto propio, adquiere la potestad, para el caso presente, de proferir actos administrativos relacionados con la organización y el funcionamiento de la corporación, queimpliquen compromisos presupuestales y ordenación de gastos, como son todos aquellos que conlleven el ejercicio de la facultad de nominación, remoción o reintegro de funcionarios.

Esa atribución legal la debe ejercer dentro de los linderos que las normas señalen, entre ellas el artículo 122 de la C.P., la ley 617 del 2.000, las ordenanzas 45 de 1.996 y 2 del 2.001, y el reglamento interno de lacorporación”.
“…”
Así las cosas, se tiene que la competencia para proferir los actos de acatamiento o no de la orden de reintegro contenida en las sentencias de que se ocupa esta actuación jurisdiccional, radica en la Asamblea Departamental, la que de inmediato debe ser ejercida a través de los órganos a los que las normas internas atribuyan la específica función ejecutora”.

TRIBUNALADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

-SECCION PRIMERA-
-SUBSECCION “A”-

Bogotá, D.C., Junio diecisiete (17) del dos mil cuatro (2.004).

Expediente No. 2500023240002004-00386 – 01
Magistrado Ponente: Dr. WILLIAM GIRALDO GIRALDO
Demandante: GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Conflicto de competencia administrativa.

Procede el Tribunal a proferir la decisión que corresponda en la acción dedefinición de competencias administrativas promovida, a través de apoderado, por el Secretario Jurídico del Departamento de Cundinamarca, debidamente facultado para otorgar el respectivo poder por el decreto No. 0764 del 28 de mayo del 2.002.

I. ANTECEDENTES

Según se deduce de documentos que obran en el expediente, en ejercicio de la atribución que le otorga el artículo 300-7 de la C.P.,modificado por el artículo 2º del Acto Legislativo No. 01 de 1.996, dentro del marco de la autonomía territorial relativa de que hablan los artículos 1 y 298 ejusdem, y en aplicación del mandato contenido en los artículos 4 y 8 de la ley 617 del 2.000, la Asamblea del Departamento de Cundinamarca mediante la ordenanza No. 2 del 27 de febrero del 2.001, sancionada por el Gobernador y publicada en elGaceta de Cundinamarca No. 13.653, de esa fecha, reestructuró su planta de personal y suprimió “los cargos de la planta de empleos”, lo cual implicó la finalización de la relación legal y reglamentaria de los servidores públicos de la duma, entre los que se encontraban empleados públicos amparados por fuero sindical.

Los empleados públicos protegidos por fuero sindical promovieron acciones dereintegro ante la jurisdicción laboral ordinaria, la que falló a su favor ordenando al Departamento el reintegro de los despedidos al cargo que desempeñaban al momento de la desvinculación, y el pago de los salarios dejados de percibir.

Para que se diera ejecución a los fallos el doctor Pablo Enrique Leal Ruiz, Director de Procesos Jurídicos y Administrativos del Departamento, con los oficiosNos. 3526 de enero 27, 6824 de febrero 12, 8959 de febrero 26, 17989 de marzo 29, 18307 de marzo 30, y 21453 del 13 de abril, todos de 2.004, relacionados con los señores Luisa Fernanda Hernández, Alfredo Pérez Jaimes, Alba Stella Delgado, Pablo Roa Restrepo, María Suárez Cárdenas, Alicia García Díaz, Sandra Juliet Moncada, Irma Diva Cabezas, Edgar Orlando Fetecua, y Carlos Eduardo Contreras,...