Oneroso

El problema principal de la sentencia es la confrontación de competencias entre el Estado y las autonomías, a pesar de que está escrito en la constitución que la competencia dela legislación civil corresponde por completo al Estado. Se compara también en relación la base de la STC, 88/1991, en un intento de ofrecer un posible punto de partida en elanálisis de la situación que se vive en relación al Estatut de Catalunya actualmente vigente. Pero el mismo artículo 148.1.8 en la Constitución Española da lugar a confusión, pues apesar de esclarecer que la legislación civil es competencia exclusiva del Estado, también se interpreta que las autonomías no pueden estar afectadas por ella y puede intervenir enla conservación, modifciación y desarrollo de las mismas. El conflicto se produce entre la afiliación adoptiva del derecho foral aragonés y la igual condición jurídica en lorelativo a posesión de bienes hereditarios respecto a hijos adoptivos e hijos biológicos, donde a priori se parte con igualdad, pero no está regulado en el derecho civil y es libre deinterpretación.
En mi opinión, al no esclarecerse muy adecuadamente el hecho de quién debe tener la competencia sobre esta materia, estoy de acuerdo en que el TribunalConstitucional no acepte el recurso, ya que en caso de duda, siempre deberá ser más útil y poderosa la decisión del Estado que la de una determinada autonomía, puesto que ceder ante laspresiones de la segunda sería una forma de promover diferencias jurídicas entre comunidades y eso no ayudaría en nada a la unidad del Estado. Por ello, debe respetarse la decisiónque ya fue tomada en la Ley 3/1988 por parte del Estado, escudándonos en el argumento de que ninguna norma sobre adopción existe en los escritos del Derecho Foral Aragonés.