Poder judicial

La independencia del poder judicial venezolano y el sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos.
Carlos Armando Figueredo Planchart

Viernes, 29 de febrero de 2008

En abril de 2004 Ana María Ruggeri Cova, Perkins Rocha Contreras y Juan Carlos Apitz Barbera presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que alegaban la responsabilidadinternacional de la República Bolivariana de Venezuela por el hecho de haber sido destituidos de sus cargos de Magistrados de la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo.
Los referidos peticionarios, después de haber agotado los recursos de derecho interno acudieron ante la Comisión, asistidos por el Dr. Héctor Faúndez Ledesma, alegando que el 30 de octubre de 2003 fueron destituidos de suscargos de Magistrados de la Corte Primera. Atribuían su destitución al hecho de que entre agosto de 2002 y agosto de 2003 la Corte de la cual eran Magistrados, había dictado por lo menos una docena de sentencias contrarias a los órganos de la administración que, en el contexto de polarización política existente en el país, habría causado malestar al Poder Ejecutivo y fueron de trascendencia nacional.Sostenían que al destituirlos de su condición de jueces, bajo la presunción de haber cometido graves irregularidades, se les vulneró la garantía y el derecho a gozar de la permanencia en las funciones públicas. Añadía que se les había sometido a un procedimiento inédito, expedito y desprovisto de todas las garantías de defensa.
Informaron que el 23 de septiembre de 2003 la Corte Primera fueallanada por agentes de la DISIP y funcionarios del Ministerio Público en busca de pruebas relativas a los sucesos ocurridos el 18 de septiembre de 2003. Agregaban que el 29 de septiembre de 2003 la Corte Primera fue visitada por una Comisión de Inspectoría General de Tribunales con el fin de investigar sobre los hechos del 18 de septiembre. Dijeron que 6 de octubre de 2003 los Magistrados fueroncitados a declarar como imputados ante el Ministerio Público con relación a las presuntas irregularidades ocurridas con ocasión a la salida de un expediente original de la Corte Primera. Dijeron igualmente que 8 de octubre de 2003 la Comisión de Funcionamiento y Reconstrucción del Sistema Judicial suspendió por 60 días a los Magistrados Apitz y Rocha Contreras iniciando una investigación relacionadacon los hechos del 18 de septiembre de 2003.
Con base en sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, el 11 de septiembre de 2003 el Inspector General de Tribunales inició un procedimiento disciplinario contra todos los Magistrados de la Corte Primera que concluye el 7 de octubre de 2003 acusando a los Magistrados, Dres. Ana Maria Ruggeri Cova, Perkins RochaContreras y Juan Carlos Apitz Barbera, Luisa Estrella Morales y Evelyn Marrero Ortiz por causal de haber incurrido en grave error judicial inexcusable.
Los magistrados peticionarios fueron destituidos de sus cargos. El 13 de noviembre 2003 interpusieron un recurso jerárquico contra el acto de destitución ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Denunciaban retardo injustificado dado quedicho recurso no habría sido resuelto dentro del plazo establecido por ley. El 27 de noviembre los peticionarios interpusieron un recurso de nulidad junto con una medida cautelar de amparo constitucional ante la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, Hasta la fecha de presentación de la denuncia ante la CIDH su admisibilidad no había sido resuelta.
La ComisiónInteramericana, el 8 de marzo de 2005, declaró admisible la petición bajo estudio, en relación con los artículos 8 , 23 (1) (c) y 25 en concordancia con la obligación general prevista en el artículo 1(1) y el deber previsto en el artículo 2 de la Convención Americana.
Por no haberse logrado una solución amistosa entre las partes, la Comisión durante el procedimiento, éste organismo en informe del artículo 50...