potencia

La ilegitimidad del juicio puramente formal del tribunal electoral
Enrique Dussel *
LA JORNADA, DOMINGO 020912

El acto democrático de sufragarFoto Cristina Rodríguez /Archivo
 Estas reflexiones no son las de un abogado o especialista en leyes, sino de un filósofo que considera el acto del tribunal electoral desde el punto de vista de sus fundamentos. Uno de los miembros del tribunal nombróen su exposición a Aristóteles, que en su Ética a Nicómaco escribió: El justo será observante de la ley y de la equidad (tò ísos) (EN V, 1,1129 a 35). El juez, es de esperarse, es ante todo justo, ya que de no serlo no merece ocupar esa función. Hace más de 3 mil 700 años, en el Código de Hammurabi se estipula: He hecho justicia con el pobre, la viuda, el huérfano, el extranjero, expresióncrítica ejemplar. El acto justo es más que un acto legal. El acto legal es el que cumple la ley, pero la soberanía del pueblo (tema referido por el tribunal al hacer referencia al artículo constitucional al respecto) es más que la constitucionalidad (aunque la pese a Hans Kelsen). La soberanía del pueblo está antes y por sobre la Constitución, porque el pueblo es el que puede convocar desde su podersoberano a una asamblea constituyente para reformar o darse una nueva Constitución. La soberanía es entonces anterior a la constitucionalidad (contra los formalistas del derecho). De la misma manera, el ciudadano o juez justo es más que el que sólo observa la ley. El acto según la ley es legal. El acto según la justicia debe ser legal (objetivamente) y además legítimo (subjetiva, material yrealmente). Hay entonces diferencia entre la pura legalidad formal (del leguleyo, en el lenguaje vulgar), del juez justo que busca también la legitimidad. La diferencia la indicó, de pasada (siendo la intervención más interesante en las horas engorrosas formalistas de las exposiciones de los demás miembros) Constancio Carrasco, cuando mostró el dilema (así lo llamó) entre la problemática del debido procesoy la verdad real o material (indicó con precisión), porque aunque formalmente (según las exigencias legales del debido proceso) a) puedan ser descartadas las pruebas, b) la acumulación razonable de indicios (dijo el miembro del tribunal) configuran la presunción, aunque sea hipotética, de un hecho (por ejemplo, el fraude, agrego yo) que debe tomarse seriamente en cuenta dada la complejidad de lacuestión. Para dar certeza pública al juicio el tribunal debería dar prioridad a la verdad material (continuó acertadamente Carrasco). Y es tal su importancia, que de hecho se aceptó, aun hipotéticamente, la existencia del hecho (el fraude) a ser juzgado, que sin afirmarlo como un acontecimiento objetivo se argumentó en contrario, indicando que los efectos de dicho supuesto acto no cambiaríacuantitativamente el resultado (por la imposibilidad de su evaluación, pero que, de todas maneras, el tribunal decidió que era insignificante, contradiciéndose). Debo decir que sin tocar la esencia de la cuestión el tribunal inauguró una doctrina ética novedosa (!): un acto, aunque injusto o malo éticamente (el fraude), no se lo castiga, porque no se lo juzga como digno de pena (aunque intrínsecamentesea injusto, malo éticamente) si el efecto negativo es pequeño; es decir, en el caso del fraude pareciera (!) que no podía llegar a superar la diferencia entre los dos candidatos. Es como si un campesino robara un pollo (causa por la cual muchos han sufrido cárcel por años) y fuera declarado exento de castigo (inocente formalmente), porque el dueño tiene miles de pollos; es decir, es insignificanteproporcionalmente a la riqueza de lo robado. Si alguien roba un millón de dólares al señor Slim, como tiene 64 mil millones procedería la misma sentencia. ¡Doctrina ética que pondría en cuestión la historia mundial de esa disciplina!
Pero abordando la sustancia del asunto, todos los jueces acordaron como estrategia argumentativa elegir un camino formalista y desechar todas las pruebas por no...