procesal penal
Páginas: 70 (17496 palabras)
Publicado: 24 de abril de 2014
TEMA 1: EL PROCESO PENAL
1.1 LOS FINES DEL PROCESO PENAL
Se atribuye al Poder Judicial en exclusiva la administración del proceso penal, que es medio para imponer la sanción penal que corresponda al responsable de la acción delictiva, y a de atender desde luego a la mejore represión de las conductas delictivas, pero sin menoscabo al debido respeto de las libertades individuales, con loque se convierte en uno de los momentos de equilibrio más delicados del Estado democrático.
El sistema penal como instrumento de control social y de respuesta a la delincuencia
El conjunto de normas que conforman la justicia penal debe permitir un control de la criminalidad que resulte socialmente asumible y, al propio tiempo, servir como respuesta punitiva de esas conductas que aparecencomo intolerables para el conjunto de la sociedad. El proceso penal es el instrumento último de política pública de seguridad; se trata de una pieza más de política criminal. El principio de legalidad penal en la tipificación y en la sanción de los delitos exige una cuidadosa actuación del legislador tanto en la selección de las conductas delictivas como en las penas que se castigan.
Los finesde la pena
El imperativo constitucional de las finalidades de la pena de prisión introduce necesariamente una modificación sustancial en la regulación de las penas, y aleja el criterio puramente retribucionista del campo normativo, pues el legislador tiene que respetar la configuración del precepto constitucional a la hora de diseñar el cuadro de sanciones penales de nueva factura, y ademásdeberá tomar en consideración que la prisión cuando se imponga, ha de tener como meta la reeducación y la reinserción del responsable penal.
La reparación de las víctimas
La tradicional consideración del sistema penal se centraba en la disputa entre la sociedad, que se reclamaba afectada por el delito en la medida en que se habían vulnerado ciertos bienes jurídicos esenciales, y el presuntoresponsable. Entonces el control del delito deja de ser una tarea de la víctima, para pasar a ser competencia del Estado, que se convierte en exclusivo titular de la reacción penal, y asume en exclusiva la realización violenta del interés de la víctima, a la que, a su vez, se le prohíbe castigar por sí misma la lesión de sus intereses con la conminación de la pena. Sin embargo, el derecho penalno puede limitarse a la mera respuesta represiva, sino que ha de lograr la efectiva reparación de la víctima, pues sólo cuando ésta resulta satisfecha en el daño producido puede decirse que se ha respetado el derecho a la tutela judicial efectiva y, en última instancia, que el sistema penal ha resultado eficaz.
El proceso penal español tuvo siempre una especial consideración a la víctima y lereserva un papel importante, permitiéndole su participación en todo el desarrollo del procedimiento, como no podía ser de otra manera al haberse reconocido la acción popular para la persecución de los delitos. La LEC introdujo la acción popular y la CE lo refrendó; cualquier ciudadano, por el mero hecho de serlo y sin ninguna otra exigencia adicional, está legitimado para el ejercicio de la acciónpenal y ocupa entonces una posición procesal como parte acusadora enteramente autónoma, con las mismas posibilidades y derechos que la acusación pública. Por eso, cuando se trata de quien ha sido ofendido o perjudicado por el hecho delictivo, la ley procesal hubo de dar un paso más y reconocerle un status procesal propio; así, no sólo se le da noticia de la existencia del proceso, ofreciéndolela posibilidad de comparecer como parte activa, sino que desaparecen algunas de las trabas de la acción popular, como la prestación de fianza, y la víctima puede mostrarse parte del proceso sin necesidad de querella.
El art.773.1 encomienda al MF el deber de velar por la protección de los derechos de la víctima y de los perjudicados por el delito. Por tanto, el MF no sólo no le está permitido...
1.1 LOS FINES DEL PROCESO PENAL
Se atribuye al Poder Judicial en exclusiva la administración del proceso penal, que es medio para imponer la sanción penal que corresponda al responsable de la acción delictiva, y a de atender desde luego a la mejore represión de las conductas delictivas, pero sin menoscabo al debido respeto de las libertades individuales, con loque se convierte en uno de los momentos de equilibrio más delicados del Estado democrático.
El sistema penal como instrumento de control social y de respuesta a la delincuencia
El conjunto de normas que conforman la justicia penal debe permitir un control de la criminalidad que resulte socialmente asumible y, al propio tiempo, servir como respuesta punitiva de esas conductas que aparecencomo intolerables para el conjunto de la sociedad. El proceso penal es el instrumento último de política pública de seguridad; se trata de una pieza más de política criminal. El principio de legalidad penal en la tipificación y en la sanción de los delitos exige una cuidadosa actuación del legislador tanto en la selección de las conductas delictivas como en las penas que se castigan.
Los finesde la pena
El imperativo constitucional de las finalidades de la pena de prisión introduce necesariamente una modificación sustancial en la regulación de las penas, y aleja el criterio puramente retribucionista del campo normativo, pues el legislador tiene que respetar la configuración del precepto constitucional a la hora de diseñar el cuadro de sanciones penales de nueva factura, y ademásdeberá tomar en consideración que la prisión cuando se imponga, ha de tener como meta la reeducación y la reinserción del responsable penal.
La reparación de las víctimas
La tradicional consideración del sistema penal se centraba en la disputa entre la sociedad, que se reclamaba afectada por el delito en la medida en que se habían vulnerado ciertos bienes jurídicos esenciales, y el presuntoresponsable. Entonces el control del delito deja de ser una tarea de la víctima, para pasar a ser competencia del Estado, que se convierte en exclusivo titular de la reacción penal, y asume en exclusiva la realización violenta del interés de la víctima, a la que, a su vez, se le prohíbe castigar por sí misma la lesión de sus intereses con la conminación de la pena. Sin embargo, el derecho penalno puede limitarse a la mera respuesta represiva, sino que ha de lograr la efectiva reparación de la víctima, pues sólo cuando ésta resulta satisfecha en el daño producido puede decirse que se ha respetado el derecho a la tutela judicial efectiva y, en última instancia, que el sistema penal ha resultado eficaz.
El proceso penal español tuvo siempre una especial consideración a la víctima y lereserva un papel importante, permitiéndole su participación en todo el desarrollo del procedimiento, como no podía ser de otra manera al haberse reconocido la acción popular para la persecución de los delitos. La LEC introdujo la acción popular y la CE lo refrendó; cualquier ciudadano, por el mero hecho de serlo y sin ninguna otra exigencia adicional, está legitimado para el ejercicio de la acciónpenal y ocupa entonces una posición procesal como parte acusadora enteramente autónoma, con las mismas posibilidades y derechos que la acusación pública. Por eso, cuando se trata de quien ha sido ofendido o perjudicado por el hecho delictivo, la ley procesal hubo de dar un paso más y reconocerle un status procesal propio; así, no sólo se le da noticia de la existencia del proceso, ofreciéndolela posibilidad de comparecer como parte activa, sino que desaparecen algunas de las trabas de la acción popular, como la prestación de fianza, y la víctima puede mostrarse parte del proceso sin necesidad de querella.
El art.773.1 encomienda al MF el deber de velar por la protección de los derechos de la víctima y de los perjudicados por el delito. Por tanto, el MF no sólo no le está permitido...
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