proyecto de ley 4899/2010-PJ sobre temas de libertad de información

Informe Jurídico
respecto al proyecto de ley 4899/2010-PJ sobre temas de libertad de información
I. Antecedentes
El 5 de julio del 2011, a iniciativa del doctor César San Martín Castro, se presenta a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República el proyecto de ley 4899/2010-PJ, en el cual se propone la modificación del art. 162 del Código Penal (en adelante CP),relativo a la interferencia de las comunicaciones.
Este proyecto de ley postula la ampliación de los alcances del art. 162 con la finalidad de sancionar la conducta de quien, sin haber participado en el acto de interceptación de las comunicaciones, difunde, de cualquier manera, comunicaciones, conversaciones o imágenes privadas obtenidas de forma ilícita; como también a quienes emplean mediosdistintos al teléfono como los portales o correos de internet.
En su exposición de motivos, dicha iniciativa legislativa evoca casos como ‘el caso Químper’ y ‘el caso de la empresa Business Track’ como ejemplos en que la difusión de comunicaciones privadas ha contribuido a descubrir actividades ilícitas; sin embargo, señala que el móvil del proyecto sería la impunidad de las difusiones que atentancontra el derecho al secreto de las comunicaciones previsto en el artículo 2, inciso 10 de la Constitución Política del Perú, resultando impunes por emplear medios no previstos por la ley o por haber solo incurrido en la difusión de la comunicación.
Con esta iniciativa se busca tutelar de mejor manera los derechos del secreto a las comunicaciones y de la intimidad. También dentro de sus agravantesse prevé el caso en que se vea afectado de igual manera el derecho al honor.
Los autores consideran que el proyecto de ley no busca poner en cuestión la difusión de aquellas comunicaciones privadas de cuyo contenido se desprenda que existe un interés público que justifique su difusión como, por ejemplo, en el caso de indicios razonables de la comisión de una conducta delictiva.
La propiapropuesta ha indicado que los jueces podrán decidir la no aplicación de la sanción al agente siempre y cuando tal difusión de la conversación privada “desde un razonado criterio de proporcionalidad, resulte evidente que éste (el agente) actuó en interés de causa pública o para evitar o denunciar la comisión de un delito perseguible de oficio”.
Asimismo, en su exposición de motivos, el citado Proyectode Ley manifestó, sobre la base de una propuesta presentada por el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), que:

El delito propuesto admite, en caso de difusión de comunicaciones privadas, una exención de pena, que en la doctrina y jurisprudencia ha sido generalmente aceptada. Ella se presenta cuando el agente actúa en interés de causa pública o para evitar denunciar la comisión de un delitoperseguible de oficio. Asimismo, se afirma que “únicamente el interés público en la difusión de comunicaciones privadas obtenidas a través de interceptaciones indebidas, exonera de responsabilidad ulteriores a quien realiza dicha difusión y siempre que no haya intervenido en las interceptaciones”. Entonces, para que se presente esta excepción, es necesario que el agente que difunde el contenido de lascomunicaciones, conversaciones o imágenes privadas, haya sido ajeno al proceso de su obtención.
Sin embargo, el IPYS ha presentado una carta al Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República, el Sr. César San Martin Castro, el día 12 de julio del 2011 manifestándole que:

Según esta cláusula de exención de pena, si un periodista difunde comunicaciones privadas sobre actos decorrupción en cuya interceptación no ha participado, incurre en conducta delictiva y únicamente se favorecerá con la no imposición de la pena prevista. Se trata de un perdón, pero en la práctica puede ser una mordaza. Así, las personas involucradas en comunicaciones interceptadas podrían reclamar al periodista y al medio de comunicación ser indemnizados por supuestos perjuicios que les originó la...