Reforma de Ley en Colombia

La propuesta de reforma de la Ley de educación superior (Ley 30 de 1992) que presentó el presidente Juan Manuel Santos hace unos días dejó a los rectores de universidades públicas y privadas, además de sorprendidos, con un sinsabor y una nube de preguntas. 
 
Gobierno y universidades coinciden en la necesidad de reformar el sector, para que responda a las nuevas dinámicas sociales, económicas,tecnológicas, demográficas y culturales que vive el país, muy diferentes a las que existían hace 18 años cuando se promulgó la ley.
El aumento de la cobertura ha sido una de las grandes deficiencias del sector. Aunque el número de estudiantes en las universidades pasó de 1’040.000, en el 2002, a 1’750.000, en el 2009, en el país hay 3’200.000 jóvenes que no acceden a la educación superior. Además,cada año 600.000 nuevos bachilleres salen a demandar formación profesional. 

Este problema, que inevitablemente debe ir acompañado de más recursos, motivó al Gobierno a incluir dentro de la reforma propuestas polémicas como la creación de universidades con ánimo de lucro y permitir que las empresas puedan invertir en las instituciones de educación superior públicas. 

La propuesta no cayó muybien entre las universidades públicas y privadas. Los rectores, que lamentan no haber sido consultados, analizan al detalle, y con reserva, los 164 artículos de la iniciativa del Gobierno. Planean llevar ante el Congreso de la República un proyecto de reforma estatutaria que condense su posición en el tema. 

 No obstante, José Fernando Isaza, rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y presidentede la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), destaca varios puntos de la propuesta que considera positivos en temas como la internacionalización y los créditos educativos. 
 
“Es un avance significativo el reconocimiento del Gobierno de que no es posible que un estudiante pueda pagar la totalidad de un crédito sin un subsidio”, afirma Isaza. 
 
De todas maneras, son más las inquietudesque deja la propuesta, en especial en los temas financiero y de autonomía universitaria, que sin duda serán dos de los más debatidos en los espacios que el Ministerio de Educación tiene abiertos para recibir los aportes de quienes estén interesados en debatir la propuesta antes de ser radicada en el Congreso.
 
El problema es de recursos
 
Desde hace varios años las universidades públicas le hanexigido al Gobierno el reconocimiento y el reembolso del dinero que en los últimos 13 años invirtieron para aumentar la cobertura. El gobierno anterior había tenido en cuenta esa solicitud, que fue incluida en un proyecto de ley que reformaba algunos artículos de la Ley 30. 
 
Sin embargo, para sorpresa de los rectores, en el proyecto de reforma al sistema que el Gobierno presentó en días pasados nofue incluida. 
 
“En los últimos 13 años nuestro presupuesto se ha mantenido fijo con el Índice de Precios al Consumidor (...) En el año 2009 se hizo una adición de 70.000 millones de pesos, que es muy poco para el sistema de 32 universidades públicas con 600.000 estudiantes. Ese dinero no se ha terminado de pagar y es la única adición que han hecho en ese tiempo”, aseguró el rector de laUniversidad Nacional, Moisés Wasserman. 

En la propuesta, el Gobierno plantea otorgar a las públicas un 1 por ciento adicional al IPC en el 2012, un 2 por ciento en el 2013 y un 3 por ciento entreel  2014 y el 2019. Sin embargo, para las universidades, no será suficiente para sobrevivir con el número de alumnos que tienen, además del compromiso de aumentar, cada vez más, su matrícula. 

“Hace diez años,el costo per cápita por cada estudiante de la Universidad de los Andes y la Nacional era el mismo. Hoy, el costo por cada estudiante de la Nacional es la tercera parte del de un alumno de los Andes”, recalca Wasserman, quien considera que las adiciones que plantea el Gobierno son “paliativos insuficientes”, dadas las responsabilidades económicas que deben asumir las universidades. 

“Hay...