RESPONSABILIAD ESTATAL

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL O PATRIMONIAL DEL ESTADO - Privación injusta de la libertad por preclusión de investigación penal. Artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 / PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Deber del Estado de indemnizar. Ex concejal de Bogotá sindicado de delito de peculado / PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Régimen de responsabilidad aplicable. Artículo 414 del Decreto 2700de 1991

De acuerdo con la postura actualmente vigente, se tiene que en los casos en los cuales resulta aplicable el artículo 414 del C.P.P. por haber ocurrido la privación de la libertad de una persona durante su vigencia –tal como sucede en el asunto bajo examen puesto que al ex concejal Carlos González Vargas se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva el 26 de enero de1993–, y se configura alguna de las causales de exoneración de responsabilidad previstas en dicha norma, el Estado deberá ser obligado a reparar los perjuicios causados sin que sea necesario acreditar que hubo fallas en la prestación del servicio de administración de justicia, pero a condición, eso sí, de que se demuestre que la medida restrictiva de la libertad causó al afectado un daño que éste noestaba en la obligación jurídica de soportar, y que dicho daño es jurídicamente imputable a una autoridad judicial. (…) la Sala concluye que la preclusión de la investigación decretada a favor del ex concejal Carlos González Vargas se produjo por dos de las causales establecidas en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal vigente al momento de los hechos: esto es, porque el sindicado nocometió el hecho punible y porque la conducta a él atribuida no estaba tipificada como delito. Lo anterior significa que la medida restrictiva de la libertad que el Estado le impuso fue injusta, por lo cual deberá indemnizar los perjuicios irrogados a los demandantes, teniendo en cuenta que no se demostró que se configurara en este caso alguna de las cuales de exoneración, a saber: fuerza mayor, hechode un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima. (…) Por las razones anotadas, se confirmará la sentencia apelada, en cuanto declaró a la responsabilidad patrimonial y administrativa de la Nación-Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad padecida por el señor Carlos González Vargas. Se advierte que aunque la Nación también estuvo representada en este casopor la Rama Judicial, la declaratoria de responsabilidad y la condena a que haya lugar no cobijará a esta entidad, en consideración a que el daño antijurídico derivado de la actuación estatal es el resultado de una actuación directamente imputable a la Fiscalía General de la Nación.

NOTA DE RELATORIA: En relación con el criterio de interpretación inicial del Consejo de Estado respecto de laprivación injusta de la libertad y la necesidad de probar el error judicial, ver sentencia de 5 de julio de 1994, exp. 8666; sentencia de 17 de noviembre de 1995, exp. 10056, y sentencia de 2 de octubre de 1996, exp. 10923. En relación con la segunda etapa de interpretación de la privación injusta de la libertad y la necesidad de su encuadre en los eventos previstos taxativamente en la norma paraenjuiciar una responsabilidad objetiva excluyendo los demás casos a una responsabilidad subjetiva Ver. Sentencia de 15 de septiembre de 1994 exp. 9391; Sentencia de 18 de diciembre de 1997, exp. 11868 y sentencia de 3 de febrero de 2010 Exp. 17123. En relación con el criterio actual del Consejo de Estado respecto a la privación injusta de la libertad y el régimen de responsabilidad objetiva encualquier evento ver sentencia de 4 de diciembre de 2006. exp. 13168; sentencia de 25 de febrero de 2009, exp. 25508 y sentencia de 3 de febrero de 2010, exp. 17123.

FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 2700 DE 1991 - ARTICULO 414

PERDIDA DE OPORTUNIDAD - Obtención de empleo / PERDIDA DE OPORTUNIDAD - Perjuicio indemnizable. Requisitos para su procedencia: Debe ser acreditado debidamente e imputable a...