Resumen Fallo Mazzeo

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“Mazzeo, Julio Lilo y otros s/ recurso de casación e inconstitucionalidad”. S.C. M. 2333; L. XLII.-

S u p r e m a C o r t e: –I– Las presentes actuaciones se iniciaron a partir de una presentación conjunta efectuada por un grupo de querellantes constituido por Sara de Castiñeiras, Iris Pereyra de Avellaneda, Floreal Avellaneda, Juan Manuel Castiñeiras, Ana María Astudillo y Alicia Palmero–esta última en representación de la Liga Argentina por los Derechos Humanos–. Los comparecientes solicitaron la declaración de inconstitucionalidad del decreto 1002/89, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional indultó, entre otros, a Santiago Omar Riveros por los hechos a él imputados en la ex causa 85 de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. –II– El Juez Federal de San Martín resolviódeclarar la inconstitucionalidad del decreto 1002/89, (mediante el cual se había dispuesto el indulto de Santiago Omar Riveros) y la privación de efectos, en las actuaciones principales y en casos conexos, de la totalidad de actos y resoluciones dictados en consecuencia del indulto. Sin perjuicio de reconocer que la cuestión atinente a la posibilidad de conceder el indulto a personas procesadas yahabía sido tratado por la Cámara Federal de San Martín –con una composición parcialmente distinta–, opinó el magistrado que tal atribución “…implica lisa y llanamente una intromisión del Poder Ejecutivo dentro de la órbita de funciones específicas que la Constitución Nacional otorga al Poder Judicial de la Nación; lo que se encuentra expresamente vedado por el artículo 109 de la Carta Magna.”.Agregó que tal alternativa “…violaría además de la presunción de inocencia, el derecho a la jurisdicción y el derecho de conocer la verdad a las víctimas del delito y sus familiares…”. Al expedirse sobre la necesidad de individualizar y determinar con precisión los hechos alcanzados por el decreto de indulto, constató que las conductas objeto de la causa principal “…se podrían subsumir en homicidios,privaciones ilegales de la libertad, torturas, apremios, lesiones, violaciones de domicilio, ocurridos en distintas épocas y con la responsabilidad en la participación de los hechos de varias personas que formaban parte de las fuerzas armadas y de seguridad del Estado”. Por ello, expuso que la precisión requerida no se advertía en el decreto 1002/89 “…pues el único dato que se referencia de lacausa seguida a Santiago Omar Riveros es, simplemente, la denominación de los autos y el tribunal ante el que se encontraba en trámite, sin ninguna especificación en cuanto a la individualiza-

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ción de los hechos por los cuales se estaba concediendo el indulto al arriba nombrado.” Concluyó que “…en otras palabras, se dispuso su perdón por hechos absolutamente indeterminados”. En otro orden deideas, el juez de grado consintió en rotular a los delitos aquí imputados como de lesa humanidad, y discurrió sobre su ya consolidada imprescriptibilidad. Añadió a su turno que dicha condición ya formaba parte del derecho internacional imperativo –ius cogens– al momento en que los hechos fueron cometidos. Así, subrayó que “…el Estado Argentino se ha comprometido mediante la adhesión a distintostratados internacionales y la receptación en el ordenamiento interno de lo que se ha denominado ‘ius cogens’ (art. de la 118 de la Constitución Nacional) a perseguir y sancionar delitos como el genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.” En consecuencia, aseveró que la facultad atribuida al Poder Ejecutivo Nacional para dictar el indulto 1002/89, resultaba inconciliable con estecompromiso. Finalmente, destacó que la decisión adoptada infringía los arts. 29 y 118 de la Constitución Nacional, en la inteligencia que el Poder Ejecutivo no puede indultar a una persona sindicada como responsable de los hechos denunciados en esta causa “…pues, conforme se desprende palmariamente del análisis ya efectuado, por su propia naturaleza resultan inindultables”. –III– La Cámara...
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