Secuestro en Colombia por El Colombiano
que sí salta a la vista es que se convirtió en una verdadera industria criminal y que
todas las organizaciones ilegales de los últimos 50 años lo han utilizado para fines
extorsivos o políticos. Ahora vuelve a convertirse en la piedra de escándalo de la primera crisis del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, en medio de una
sociedad que se resiste a aceptar que la retención de militares por parte de la guerrilla
pueda ser considerada como la captura de prisioneros de guerra.
Aunque los anales judiciales de Colombia documentan casos de secuestro desde los
años 30 y 40, la proliferación de este delito empezó a ser una evidencia desde mediados de los años 60. Y fue así porque desde sus orígenes como organizaciones
empecinadas en la toma del poder por la vía de las armas, las Farc, el Eln, o el Epl,
convirtieron el secuestro en su principal herramienta de financiación económica. De
esta manera, primero a través del plagio de empresarios, ganaderos, o grandes
hacendados, y con el correr de los años con toda clase de ciudadanos, se multiplicó el
delito. Cuando cayó el telón de los años 60 y en diversos países de América Latina se había
insertado el secuestro como método de guerra de diversos grupos insurgentes, en
Colombia ya había tomado dimensiones alarmantes. La prueba es que el Estado
empezó a diseñar herramientas legales para combatirlo y constituyó los primeros
grupos de choque para neutralizar la acción de los plagiarios. Sin embargo, lo que para los grupos guerrilleros se volvió una costumbre cotidiana, pronto cobró forma como un
mecanismo usual de diferentes expresiones de delincuencia común.
Ya en los años 70, a la calamidad se fueron sumando quienes con el correr de los años
terminaron constituyendo los carteles del narcotráfico. De hecho, como está
documentado en diversas investigaciones, personajes como los hermanos Rodriguez Orejuela en Cali o incluso algunos personajes que años después hicieron parte del
cartel de Medellín, se iniciaron como secuestradores. Poco a poco, el universo de
víctimas fue creciendo notoriamente y ya no fueron únicamente hombres de negocios
sino personas del común privadas de la libertad por módicas cuantías.
No obstante, definitivamente fueron los grupos insurgentes los que en mayor medida profesionalizaron el delito del secuestro. Y pronto a las Farc, el Eln, o el Epl, vino a
sumarse otro grupo que hizo del plagio una de sus principales armas de guerra: el M19.
Sin embargo, esta última organización optó por añadirle un componente propio de su
modus operandi: el secuestro político. Aún se recuerda, en 1976, el secuestro y
posterior ejecución por supuestas razones políticas del líder sindical José Raquel Mercado, ajusticiado a sangre fría bajo el argumento de traición a la patria.
A finales de los años 70, ya el secuestro era sinónimo de horror generalizado y a través
de sucesivos decretos de Estado de Sitio, una y otra vez los diversos gobiernos
diseñaron normas o crearon grupos especializados para tratar de erradicar este flagelo
con perspectivas de convertirse en una plaga. Entonces, ocurrió lo inesperado, que al mismo tiempo se convirtió en el hecho que dio lugar a la transición del movimiento de
autodefensas en la barbarie del paramilitarismo. Cuando el narcotráfico se sintió
víctima de esta amenaza, su reacción fue peor que la misma tragedia.
El episodio recuerda que a finales de 1981 en Medellín, una célula guerrillera del M19
secuestró a Marta Nieves Ochoa, hermana de los narcotraficantes Jorge Luis, Fabio y Juan David Ochoa Vásquez, socios del jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar
Gaviria. Su reacción, en consenso con otros narcotraficantes de diversas regiones, fue
la creación del grupo Muerte a Secuestradores (Mas), según algunas analistas, una de
las expresiones que fueron dimensionando de qué manera se fue expandiendo el ...
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