Sociedad en comandita por acciones

En Colombia, no existe ningún precedente judicial, que declare la responsabilidad
del Estado colombiano por el hecho de las leyes. Como ya fue señalado a
comienzos del presente texto, a pesar de la cláusula general de responsabilidad
contenida en el artículo 90 superior, que no formula excepción alguna en relación
con la responsabilidad del legislador, no se ha evidenciado con clarasluces en la
jurisprudencia nacional – principal fuente que informa la responsabilidad
administrativa en Colombia -, tesis alguna que permita deducir este nuevo sistema
de imputación. Se han argumentado a favor de este silencio, el magnimizado
concepto de soberanía (art. 4º del Código Civil), abolido en los sistemas francés y
español, y bajo el cual se adorna la institución legislativacomo órgano del pueblo Revista electrónica de difusión científica – Universidad Sergio Arboleda Bogotá – Colombia
http://www.usergioarboleda.edu.co/civilizar Reservados todos los derechos de autor Diciembre de
15
2005
antes que del Estado, constituyente primario al que no cabe la restricción sobre la
facultad de autorregularse; y, el de la inviolabilidad del voto del congresista (art.185 de la C.P).

Sin embargo, se encuentran diseminados en el ordenamiento jurídico
constitucional y legal, claras alusiones a esta modalidad de imputación de
responsabilidad, que permiten deducir, que no le resultó del todo odiosa al
constituyente de 1991 ni a la ley. Lo mismo puede decirse de la jurisprudencia
nacional, aunque de forma más incipiente. A continuación, se ocupara deestas
alusiones el presente ensayo, con las cuales concluirá el breve tratamiento sobre
este delicado tema, no sin dejar de estimar, las razones para su implementación
en el ámbito jurídico patrio.
Comenzando con las normas constitucionales, el primero, y obligada fuente de
responsabilidad extracontractual del Estado, lo contiene el artículo 90 de la
constitución de 1991, queestablece la responsabilidad patrimonial del Estado por
los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la
omisión de las autoridades públicas. La tan aplaudida fuente de responsabilidad,
se encuentra limitada en la actualidad, a los actos, hechos y operaciones
administrativas, tanto en el marco de la responsabilidad por falta, como de aquella
donde no media la culpa,adicionalmente, se reconoce la responsabilidad de los
operadores jurídicos por el error judicial, y desde el punto de vista administrativo,
por el anormal o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Estos
sistemas de imputación no se encuentran taxativamente discriminados en la
norma constitucional, han sido fruto del desarrollo jurisprudencial del máximo
Tribunal delo contencioso administrativo, con apoyo en los sistemas francés y
español ya reseñados, de manera que no puede decirse que la restricción a esta
modalidad de imputación tiene su asiento en el sistema normativo. Revista electrónica de difusión científica – Universidad Sergio Arboleda Bogotá – Colombia
http://www.usergioarboleda.edu.co/civilizar Reservados todos los derechos de autorDiciembre de
16
2005
Siguiendo con la carta fundamental, se encuentran, el artículo 13, que consagra, el
principio de igualdad de los ciudadanos frente a las cargas públicas, que como es
sabido, se constituyen en aquellas que el particular no puede rehusar sólo por el
hecho de que es todo el conglomerado el que las soporta en condiciones iguales a
las suyas; el artículo 123, que establecela responsabilidad de los servidores
públicos, entre los cuales se cuentan los miembros de las corporaciones públicas,
y que dispone que éstos funcionarios están al servicio del Estado y de la
comunidad. Igualmente, los artículos 89, 91 y 92, que desarrollan el título II
capítulo IV sobre la protección y aplicación de los derechos.
Pero, antes que los anteriores, sirven también como...