Tema 3

TEMA 3.- DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA.

1.- INTRODUCCION.

En el Titulo XIX del Código Penal se recoge un conjunto de delitos bajo el nombre
"Delitos contra la Administración Pública", en los arts. 404 y siguientes. Sin embargo, la
actividad de la función pública comprende múltiples aspectos y afecta a muy diversos ámbitos de
la sociedad, por lo que los delitos que un gestor públicopuede realizar en el ámbito de su función
o cargo comprende un conjunto mayor de figuras delictivas que se incardinan en otros Títulos del
Código Penal y que serán objeto de estudio en los temas 6 a 9 del programa.

I1.- LA PROBLEMÁTICA DEL BIEN JURIDICO PROTEGIDO.

La determinación de cual sea el bien jurídico protegido por un precepto penal es
imprescindible pues constituye el criterio básicopara poder establecer barreras entre el ilícito
penal y el ilícito administrativo.
A lo largo del tiempo el bien jurídico que se dice lesionado por el gestor público en los
delitos ubicados en el Título XIX del Código Penal ha variado a 10 largo del tiempo. En unas
épocas fue la violación del deber del cargo (el incumplimiento del deber del cargo) siendo el
titular de este bien jurídico laAdministración, casi reducida al gobierno o poder ejecutivo y
entendiendo que 10 que protegía el derecho penal era su prestigio o su dignidad. Antes de la
reforma del Código Penal de 1995 este conjunto de delitos se ubicaba en el Título VIII bajo el
epígrafe "De los delitos de los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo". Esta opinión
resulta hoy inadmisible ya que proviene de una visióntotalitaria de la actividad administrativa y
así hay que desechar que el bien jurídico común a todos estos delitos sea la infracción del deber
del cargo ya que resulta incompatible con la idea del Estado de Derecho. Lo que castiga el
derecho penal (por aplicación del principio de intervención mínima) no puede ser la relación que
se establece entre la administración y el funcionario pues esto es objeto delderecho disciplinario
que castiga la infracción del deber en sí misma. Lo que puede castigar el derecho penal es el
incumplimiento de la relación que se establece entre el funcionario y la sociedad o los
ciudadanos, es decir, que la determinación del bien jurídico protegido por el derecho penal ha de
hacerse poniendo de relieve el servicio que los poderes públicos están obligados a ofrecer a lacomunidad con arreglo a los principios y criterios constitucionales.
De este modo podemos determinar un bien jurídico "categorial" constituido por el
ejercicio correcto de la función pública, o dicho de otro modo por el "correcto desempeño de la
función pública" dentro de la legalidad y la Constitución (arts. 9.1, 9.3, 103 y 106 CE), ya que en
la Constitución se configura que la actividad de laAdministración queda sometida a la legalidad
y al servicio de los ciudadanos. Tenemos que tener presente estos principios: legalidad,
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imparcialidad, transparencia, eficacia y servicio a los intereses generales y los principios
organizativos de jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. También hay que
tener en cuenta los arts. 66 y siguientes de la Constitución referidos a laactividad legislativa y
política y el arto 117 de la Constitución referido a la actividad judicial.
De modo tal que se subraya que toda la actividad del Estado, toda ya sea legislativa, ejecutiva o
judicial, se halla embebida de la noción de función pública, esto es, que sólo se justifica en cuanto
está orientada a servir a los intereses generales. De esta manera se niega la existencia deintereses
contrapuestos entre Sociedad y la Administración o de intereses "ajenos al ciudadano" o de
intereses entendidos como "asuntos propios del Estado". Esta idea es la que justifica la rúbrica del
Título XIX del Código Penal "Delitos contra la administración pública" concepto del que hay que
partir para interpretar los diferentes tipos penales de este Título. Este bien jurídico conlleva unas...