TEORIA DE LOS MOTIVOS Y LAS FINALIDADES

UNA NUEVA DISPOSICIÓN. LA MISMA INCONSTITUCIONALIDAD.

Para adentrarnos en materia, basta aquí referirnos a la postura que el Consejo de Estado ha denominado teoría de los motivos y finalidades, considerada no como en sus inicios, si no conforme al criterio que adoptó las Sala Plena1, acorde con el cual se afirma que la acción de nulidad procede contra actos de carácter particular solo endeterminados casos.

En consecuencia para el Consejo de Estado, no son todos los actos administrativos los que pueden eventualmente discutirse por vía de simple nulidad, pues depende, como ya se ha dicho, del interés de la sociedad en general.

Frente a esta postura la Corte Constitucional en sentencia C-426/02, luego de precisar el alcance de los principios establecidos en los artículos 29, 228 y229 de la Constitución Política, consideró que el Consejo de Estado se extralimitaba en sus funciones al querer establecer, más allá de lo que la norma indica, los casos en los cuales es procedente ejercer la acción de nulidad, y que a su entender no se podían establecer sin que de paso se violaran estos principios de orden constitucional. De esta manera expone la Corte que la posición que asumeel tribunal contencioso administrativo desconoce el derecho de acceso a la administración de justicia en la medida en que limita y condiciona el ejercicio de la acción de nulidad sin atender el tenor de la disposición interpretada, que en modo alguno consagra restricciones relacionadas con el carácter general o particular del acto; para la Corte el derecho de la anulación no se agota por el simplehecho de ser un acto particular y haber transcurrido los cuatro meses de que el afectado dispone para presentar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, sino que permite al afectado con el acto interponer la acción de nulidad buscando el retiro del mismo del mundo jurídico en cualquier tiempo.

Este raciocinio de laCorte fue duramente cuestionado en la sentencia IJ – 30 de 2003, cuyos argumentos, destacó el Consejo de Estado, dan lugar a las vías de hecho al posibilitar que un acto anulado surta sus efectos aún después de la declaratoria de su nulidad.

Esta disparidad de criterios entre los Altos Tribunales se mantuvo hasta la expedición de la Ley 1437 de 2011, cuyos artículos 137 y 138 recogieron la tesisimperante en la Jurisdicción Contencioso Administrativa en los siguientes términos:

“Artículo 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o condesconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.
También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro.
Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido particular en los siguientes casos:
1. Cuandocon la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero.
2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público.
3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político, económico, social o ecológico.
4. Cuando la leylo consagre expresamente.

Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales...