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INTRODUCCIÓN
Planteamiento del problema.
El Pueblo Venezolano experimentó durante el año 1999, un cambio paradigmático referente a sus formas de expresión social, evidenciado con la promulgación y puesta en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), contrato social en donde se adopta un “Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia”, edificándose sobrelas bases de una “Justicia equitativa y sin formalismos”, catalogada por el Libertador Simón Bolívar como la Reina de las Virtudes Republicanas; de enorme importancia para entender la concepción del derecho presente en el texto constitucional, son las diversas referencias que se hace a la noción Justicia, pero en la materia que nos ocupa es de considerar la noción de Justicia en cuanto que sevincula con la actividad judicial.

No obstante, este modo de entender la Justicia se relaciona con el concepto de Estado que adopta la Constitución, puesto que, como ya se ha dicho en otras palabras, en una de las formas de darle sentido a la diferencia entre Estado de Justicia y Estado de Derecho, se contrapone el derecho legalista, formal, riguroso, conceptualmente elaborado, segundo; a lajusticia espontánea, equitativa, flexible, humanitaria, que caracterizaría al primero. A partir de allí es absolutamente inevitable que la actividad judicial sea definida en el texto constitucional de un modo distinto del que es común en un Estado de Derecho. Es menester, destacar el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) en donde se expresa: “El Estadogarantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”.

Siguiendo el anterior contexto, el investigador observa que de las características antes señaladas, las que más llaman la atención por su novedad y por lo que de ellas se deriva, son las que serefieren a la justicia equitativa y a la justicia sin formalismos, contempladas igualmente en la mencionada disposición transitoria cuarta de la Carta Magna, la cual impuso a la Asamblea Nacional la tarea de dictar una ley orgánica procesal del trabajo que: “estará orientada por los principios de gratuidad, celeridad, oralidad, inmediatez, prioridad de la realidad de los hechos, la equidad, yrectoría del juez en el proceso”. No consta dentro de los múltiples adjetivos que utiliza el constitucional artículo 26 los de legal o de adecuada a la ley, que cabría suponer es la preocupación fundamental dentro de un Estado de derecho.

Ahora bien, la constitucionalización del derecho, es el proceso de incorporación a la ley suprema o fundamental de las normas de derecho que limitan el poder delEstado y que establecen parámetros superiores a las leyes; especialmente, a la ley procesal, para que sea efectiva la realización de las libertades y la tutela de los derechos de las personas.

El texto Constitucional asegura a todo ciudadano, que el Estado garantice la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses individuales, colectivos y difusos, y ordene que los órganos del PoderJudicial ejecuten o hagan ejecutar sus decisiones. Deriva de allí que la tutela judicial efectiva se ha expresado siempre como una aspiración y una necesidad del ciudadano por un nuevo paradigma de justicia que se exprese con eficacia y efectividad.

Es por ello que al sujeto o ciudadano particular, es a quien le corresponde ejercitar su derecho a las garantías constitucionales procesales, cuando eslesionado o violado su derecho, pudiendo en todo momento renunciar al ejercicio de su derecho, no así al contenido del derecho constitucional.

Por consiguiente, el derecho a que se ejecuten las sentencias sólo se satisfacen cuando el órgano judicial adopta las medidas oportunas para llevar a efecto esa ejecución. Si esas medidas se adoptan, el derecho a la tutela judicial efectiva se habrá...