Tratados en materia de derechos humanos en el ordenamiento jurídico boliviano

No tenemos una previsión constitucional expresa que faculte al Tribunal Constitucional de Bolivia aplicar, con preferencia, las normas de un tratado internacional específico. En los casos precedentes, o cuando ha sido necesario en otros, ha suplido y viene supliendo con su facultad interpretativa la ausencia de normas expresas en ese sentido.
Es cierto que el art. 1.II de la Ley del TribunalConstitucional N° 1836, al señalar sus finalidades le encomienda el control de constitucionalidad de las convenciones y tratados. Pero esto es sólo para que el Poder Legislativo sea quien, en su momento, opte por usar la vía de la consulta, pues a dicho poder le está encomendada la aprobación de los tratados, concordatos y convenios internacionales de acuerdo con el art. 59.12 de la Constitución. Osea que tampoco se cubre con esta norma ese propósito de dar prioridad a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, queda aún la posibilidad de que se atienda parcialmente este requerimiento, si el Parlamento aprueba la Ley de Necesidad de Reforma de la Constitución, en la que se propone un texto que permitiría asumir que los derechos y garantías reconocidos por laConstitución se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La fórmula propuesta por el Tribunal Constitucional, a las instancias legislativas, es más completa y efectiva porque a lo anterior añade que: «Los tratados y convenios internacionales relativos a los derechos humanos suscritos y ratificados por Bolivia, tienen jerarquía constitucional». Esperemos quésuerte habrá de correr la reforma propuesta.
No obstante, el Tribunal ha venido invocando como fundamento de algunas de sus resoluciones, cuando han sido pertinentes, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, instrumento ratificado por Ley de la República N° 1430 de 11 de febrero de 1993. «De conformidad con el artículo 59, atribución 12ª de laConstitución Política del Estado -dice en su art. 1º esta ley-, se aprueba y ratifica la Convención Americana sobre Derechos Humanos, «Pacto de San José de Costa Rica», suscrita en San José, Costa Rica», el 22 de noviembre de 1969". En los dos artículos siguientes de esta Ley, se reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conforme a lo establecido en el art. 45 de laConvención, así como la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en forma obligatoria, de pleno derecho, incondicionalmente y por plazo indefinido, conforme al art. 62 de la Convención.
Podemos afirmar que este tratado internacional ha cobrado vigencia y efectividad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Bolivia además de que la ley ratificatoria hace que el Pacto de SanJosé de Costa Rica forme parte del derecho positivo boliviano en materia de derechos humanos.
Hace más de cincuenta años, la Novena Conferencia Internacional Americana de Bogotá, Colombia, aprobó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, sentando, entre otras cosas, el principio de protección internacional de los derechos humanos como guía principalísima del derecho americanoen evolución. Este documento, en alguna medida, también ha servido a nuestro Tribunal en la adopción de sus resoluciones para hacer efectiva la protección y el respeto de los derechos humanos. Creemos que no es necesaria una ley que ratifique este documento porque proviniendo de un convenio interamericano, suscrito por las partes, no puede cuestionarse su valor dentro del ordenamiento jurídicointerno de cada Estado-parte, para efectos de brindar protección a los derechos humanos. Este criterio resulta -con mayor razón- válido para la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, cuyo contenido es una importante pauta en la orientación básica que debe seguirse en los fallos del Tribunal Constitucional, así como los tratados que le son inherentes.
Nos...